El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambiará el rostro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A través de una reforma constitucional busca integrar a la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sin embargo, buscan eliminar las cinco salas especializadas dedicadas a los casos que involucren actos de corrupción.
Especialistas consultados por El Sol de México advierten que esta decisión retrasará la operación del SNA, que a dos años de su creación sigue sin contar con un Fiscal Especializado Contra el Combate a la Corrupción, los 18 magistrados en la materia y ni los 32 Sistemas Locales Anticorrupción.
-¿Se modificará la ley para incluir a la UIF en el sistema anticorrupción?
-Yo apoyo esa iniciativa, así mismo estoy de acuerdo y las autoridades electorales y las autoridades financieras, tienen que estar ahí. Todas las leyes son modificables y la del Sistema Nacional Anticorrupción se tiene que modificar para mejorar, respondió la futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al ser consultada por El Sol de México.
Esta no será la única modificación, aún falta que el Congreso de la Unión apruebe la clasificación del fraude y la corrupción como delitos graves, además, Sandoval Ballesteros adelantó que enviará una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Profesional de Carrera, ya que “es un botín político y no está transparentado”.
Lourdes Morales, directora de Rendición de Cuentas, alertó que esto puede traer como consecuencia un cuello de botella en la lucha contra la corrupción. En este sentido, recomendó a la próxima administración, concluir varios pendientes, como la emisión de la Política Nacional Anticorrupción y “revisar las cosas que ya existen”, pues “ya hubo una reforma al Código Penal”, por la que se elevó a delito grave la corrupción.
“Yo no lo veo necesario y sí puede generar un cuello de botella porque estamos otra vez en la lógica de que primero las reformas y luego los cambios. Reformas ya hay, porque se pueden hacer acciones a través de la Política Nacional Anticorrupción y se puede incluir la dimensión electoral”, comentó a este medio. Mientras que Khermvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, resaltó que aumentar el carácter punitivo de la corrupción no resolverá el problema, sino avanzar en la interlocución con el resto de las dependencias gubernamentales.
“Incrementar la penalidad de ciertos delitos, se ha demostrado con múltiples distintos delitos que no disminuye la criminalidad, aumentar las penas de ciertos delitos, no disminuye la ocurrencia de ciertos delitos, lo que está asociado a la ocurrencia de esos delitos, son muchos otros elementos que podría incluir el aumento a las penas, pero que no tiene que ver exclusivamente con el aumento a penas, por eso creo que si no se ve integralmente el problema de la corrupción, tomar medidas de forma fragmentada o de forma aislada, no va a resolver ningún problema, aunque sean medidas correctas”, opinó.
A partir de las reuniones del equipo de transición con la Secretaría de la Función Pública se conoce que podría aumentar el número de contralores internos.
Además, algunas unidades como la Oficialía Mayor y el sistema de Obras Públicas y Compranet, serán suscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El gobierno proyecta que las contrataciones públicas serán controladas por esta institución, con fines preventivos.
“La tercera es centralización de las compras, pero también una mayor fiscalización de las compras, con claúsulas sociales, es decir que las licitaciones estén orientadas a que participen miembros de la sociedad como la economía social y solidaria”, confirmó Irma Eréndira.
De acuerdo, con el exfiscal de la Fepade, Santiago Nieto, también invitarán al Consejo Coordinador Empresarial para que colaboren de manera directa en las investigaciones, aunado a ello modernizarán los sistemas de compra vía electrónica para tener registro de todos los movimientos monetarios en el gobierno y facilitar el rastreo de las empresas fantasmas.
