El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al fijar postura sobre la liberación de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa, consideró que “el daño que se ha hecho es inconmensurable” y aseguró que con estas decisiones el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Por esto, subrayó que para el Gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y va a pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

De igual modo, dijo que “se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.

“El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda continuará hasta encontrarlos”, apuntó en un comunicado emitido este lunes por la noche.