El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca ampliar la figura del arraigo, criticada internacionalmente, a cualquier delito, eliminar como requisito la orden judicial para retener a las personas en casos de “urgencia o flagrancia” hasta por 48 horas y aceptar como pruebas el material obtenido ilegalmente.

El arraigo se aplicará por un máximo de 40 días, pero en el caso de delincuencia organizada o corrupción este plazo se podrá duplicar.

El planteamiento levantó ámpula entre las organizaciones de la sociedad civil que consideran que las nuevas atribuciones propuestas para el Ministerio Público violentarán las garantías individuales de las personas y coinciden en que abre la puerta a detenciones arbitrarias que al final afectarían el debido proceso. “Es populismo judicial”, argumentan.

Las reformas fueron presentadas en el Senado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, pero serán discutidas cuando arranque el periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero.

El paquete incluye fortalecer al fiscal general de la República para que éste pueda comandar investigaciones de la Guardia Nacional y realizar análisis de tipo financiero para perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras. También otorga autonomía financiera a la Fiscalía General.

Además, la propuesta del Ejecutivo permitirá a los jueces aceptar como pruebas las evidencias obtenidas de manera ilegal, como las intervenciones telefónicas o documentos obtenidos mediante el hackeo.

“Los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”, se lee.

La propuesta permite intervenir comunicaciones telefónicas o electrónicas con autorización judicial para investigaciones relacionadas con delitos fiscales y electorales, y faculta a las víctimas y ofendidos para que soliciten a las autoridades realizar órdenes de cateo.

También se propone que en los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones relacionados con funcionarios presuntamente corruptos, como los que enfrenta Rosario Robles, haya prisión preventiva.

Sobre los menores recluidos, las reformas planteadas, entre otros ordenamiento, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece que los infractores no podrán deslindarse del cumplimiento de su sanción al cumplir la mayoría de edad, como sucede ahora.

Por tratarse de reformas constitucionales, se requiere el voto de la mayoría calificada, por lo que será indispensable el consenso de al menos las dos terceras del Pleno.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dijo que todos los grupos parlamentarios representados, titulares o representantes de estas dependencias, así como un ejercicio de Parlamento Abierto a fin de manifestar “la voluntad para analizar, para revisar, para lograr un proyecto de modificaciones amplio”, en donde dijo también se solicitará la participación del Poder Judicial de la Federación.

La Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, coinciden en que las medidas son una respuesta populista de las autoridades a las demandas de justicia de la ciudadanía, pero que no atacan el fenómeno de la delincuencia de raíz.

Susana Camacho, coordinadora general de la fundación, consideró que este paquete de reformas “es a todas luces violatoria de las garantías individuales” y no distingue la diferencia entre imputados y víctimas, ya que, bajo el discurso de crear un sistema de justicia más eficiente, “se eliminarían tanto derechos de posibles imputados, como derechos de víctimas”.

La especialista recordó que fue un logro de diversos colectivos conseguir que se tuviera acceso a expedientes, pero con las reformas planteadas, se afectaría este derecho, y al mismo tiempo, se impedirá a las victimas entender los procesos jurídicos. Debido a que la propuesta de la fiscalía “se centra otra vez en armar expedientes en un mar de papeles, a los que ni imputados ni victimas van a tener acceso”.

Sobre el tema de las detenciones sin orden judicial, refirió que es muy grave, pero combinado con las otras reformas, lo que está proponiendo el Gobierno “es anular el sistema de justicia tanto para víctimas como imputados”, explicó.

Francisco Rivas Rodríguez, director general de la organización Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, consideró la propuesta como un retroceso en términos del respeto del derecho de las personas y la impartición de justicia.

“Esto es conocido como populismo judicial, es decir: el aumento de penas, tratar de vulnerar derechos, con el fin, supuestamente para obtener resultados. Pero en realidad es regresar a lo que teníamos antes y eso, era muy malo, y aparte de ser malo, era violatorio de los derechos de las personas”.