En México existe participación de elementos policiacos y militares en ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas y tortura, actos que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad, concluye el reporte de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento, presentado ayer por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hace un análisis de la situación de derechos humanos en el mundo, y en su versión 2020 da un apartado para México donde señala que funcionarios de los tres niveles de gobierno se han corrompido dando como resultado estas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos.
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Además de estos delitos, el Reporte destaca la alta tasa de impunidad. De ejemplo pone que entre 2006 y 2018 la Fiscalía General de la República inició 88 investigaciones penales por homicidio cometido por algún funcionario, pero sólo se logró la condena de 25 personas.
Este panorama se replica a los delitos contra la prensa. Tomando datos de Artículo 19, el Departamento de Estado de la Unión Americana denuncia que 99 por ciento de los casos de ataques a periodistas o medios de comunicación están sin castigo.
El informe indica que desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en 2010, sólo hay 10 condenas por este tipo de agresiones, cuando se tiene el registro de mil 77 casos investigados.
Otro de los sectores vulnerables es el de los migrantes, quienes se han convertido en víctimas de los grupos criminales.
El informe, citando a la Red de Organizaciones de Migrantes (Redodem), dice que en 2018 la policía de los tres niveles de gobierno y soldados cometieron al menos 865 delitos contra los migrantes.
Aunado a esto, también se señala que debido al Permanecer en México, los migrantes están sufriendo de enfermedades como estrés por la incertidumbre de no saber si lograrán el asilo en Estados Unidos.
Durante la presentación del Reporte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló por graves violaciones de derechos humanos a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Irán y China, pero en el que volvió a evitar la expresión "territorios ocupados" para referirse a Cisjordania y Gaza.
"Rezamos por el día en el que los cubanos, venezolanos, chinos e iraníes y el resto del mundo pueda hablar libremente sin temer a sus propios Gobiernos", manifestó Pompeo en declaraciones a la prensa.
Con respecto a Cuba, específicamente, la Unión Americana condenó la existencia de "presos políticos" y puso de ejemplo el caso del disidente José Daniel Ferrer, líder del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que está preso desde octubre pasado por una supuesta agresión a otro hombre, un cargo que sus allegados niegan.
"El nombre de José Daniel Ferrer aparece 17 veces en este informe. Él es uno de los miles de presos políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados a manos del régimen. Mañana será sentenciado por una corte cubana", dijo Pompeo, quien consideró que los cargos en su contra son "falsos".
Además, en el documento el Departamento de Estado acusó al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que se refiere como "antiguo régimen", de "significativas" violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de las fuerzas de seguridad.
En una rueda de prensa, Pompeo criticó el uso por parte del Estado chino de técnicas destinadas a "vigilar a los disidentes políticos" y que van desde el reconocimiento facial hasta el uso de aplicaciones móviles.
En el informe, Estados Unidos denunció que las autoridades de la región noroccidental china de Xinjiang han "expandido" los "campos de reeducación" para miembros de minorías musulmanas como los uigures y kazajos.
"Medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y personas que han sido detenidas en esos campos aseguran que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, torturas y asesinatos", recoge el informe, cuyos señalamientos pueden provocar una reacción de Pekín, como ha ocurrido en similares ocasiones.
Respecto a Irán, el Departamento de Estado formuló una fuerte acusación al asegurar que "muchos" de los abusos a los derechos humanos fueron "perpetrados como parte de la política gubernamental" y, por ello, no se han tomado "pasos efectivos" para investigar, enjuiciar y castigar a los "funcionarios" que los cometieron.
"Esto -añade el informe- incluye abusos y numerosas muertes en custodia durante los últimos años. La impunidad siguió siendo generalizada en todos los niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad".
En cuanto a Israel, el informe sigue sin usar la expresión "territorios ocupados" para referirse a Cisjordania y Gaza, algo que dejó de hacer en 2018; y subraya que las fronteras de Jerusalén deben decidirse en "negociaciones entre las partes", un proceso para el que EE.UU. ha presentado un plan que los palestinos rechazan.
El texto cita los asesinatos y detenciones arbitrarias como los principales abusos cometidos tanto por autoridades israelíes como por las palestinas, además de las "restricciones significativas a la libertad de movimiento" impuestas por Israel y la "violencia" y el "trabajo infantil forzado" por parte del movimiento Hamás en Gaza.
El documento examina el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo respecto a los derechos humanos, aunque no el de EE.UU., donde grupos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado un aumento de las violaciones a los derechos de minorías y migrantes desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en 2017.
