El Instituto Nacional Electoral (INE) denunció que los partidos políticos siguen sin cumplir con las reglas de equidad de género pues, durante la jornada comicial, incumplieron con destinar al menos el 40 por ciento de sus recursos públicos a las candidaturas encabezadas por mujeres.
La Consejera Carla Humphrey detalló que se observó una alta incidencia de incumplimiento a nivel local y que sólo en Campeche, la Ciudad de México, Hidalgo y Tamaulipas, se cumplió este requisito.
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En sesión del Consejo General señaló que la falta consistente en la omisión de los partidos de destinar cuando menos el 40 por ciento de su financiamiento a candidaturas de mujeres, se propuso imponer sanciones que ascienden a un poco más de 10 millones de pesos.
Sin embargo, externó su rechazo al criterio de sanción por esta falta, que va de la amonestación pública hasta el 150 por ciento del monto que no se destinó.
En su intervención, la consejera Norma De la Cruz añadió que esta sanción no es suficiente para inhibir la conducta e incentiva a los partidos a no cumplir con el financiamiento establecido del 40 por ciento para mujeres.
Por ello, estimó que la sanción no contribuye a combatir o erradicar la violencia política en razón de género y resulta incongruente con el espíritu del acuerdo, por lo que llamó a ser firmes e imponer una sanción contundente ante la vulneración del principio de paridad.
De igual forma, De la Cruz evidenció la necesidad de aumentar la sanción relacionada con la persistencia de partidos y coaliciones de contratar bienes y servicios con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que permitan dar certeza de la legalidad de todas las operaciones.
Tras un análisis en la fiscalización de los candidatos en la jornada electoral de 2021, el consejero Martín Faz señaló que las infracciones más recurrentes y encaminadas a dificultar las tareas de auditoría en tiempo real, así como aquellas que transgreden los cimientos del modelo de fiscalización merecen un estudio más amplio para prevenir su repetición.
De igual forma estimó indispensable reconocer que, ante la premura con que deben dictaminarse y resolverse la fiscalización, resulta muy complejo investigar a fondo la veracidad y legalidad del total de las operaciones registradas.
“Necesitamos llegar al fondo del asunto y descubrir si las operaciones fueron reales, tangibles y materiales, y si no lo fueron, identificar a las personas físicas responsables a efecto de estar en posibilidades de allegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales los elementos probatorios que requiere para que se apliquen las sanciones penales que correspondan”, abundó.
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