El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó el retiro de tres candidaturas de Morena y de ocho candidatos independientes como sanción por no presentar los informes de sus gastos de precampaña.
Se trata de José Fernando Lacunza Sotelo, precandidato por Morena a la Presidencia Municipal de Petatlán, Guerrero, así como a Aidé Ibarez Castro y Julieta Kristal Vences Valencia al cargo de diputadas federales por Morena.
Asimismo, se determinó la pérdida o cancelación del registro a los aspirantes a una candidatura independiente: Rafael Guarneros Saldaña, Ángel García Pérez, Hugo Hernández Mendoza, José Luis Salcedo Barrón, Yunuet Sarahi Ceceña González, Ernesto Negrete Godoy, Angélica María Hahn Pabón y Damaris Jael Espinosa Hernández.
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Ello, luego de que en sesión ordinaria el Consejo General desahogara diversos acatamientos de sentencias de las salas regionales de la Ciudad de México y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de fiscalización.
Durante la discusión, el organismo refrendó como sanción por la omisión en la entrega de informes de precampaña, la pérdida o cancelación del registro.
En estos asuntos, mencionó la Consejera Adriana Favela, se concluye que la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña o de apoyo ciudadano “es una falta de gravedad mayor ya que se actualiza el dolo también directo en su comisión y que esta conducta afecta los principios de rendición de cuentas, así como la transparencia en el uso de los recursos”.
Añadió, en todos estos proyectos se confirma la sanción impuesta inicialmente por el Consejo General del INE, consistente en la cancelación de registro como personas candidatas, o la pérdida del derecho a ser registrado a las candidaturas a distintos cargos de elección popular.
Al respecto, el Consejero Ciro Murayama explicó que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE de retirar los registros a dos candidaturas por la omisión de sus informes de fiscalización.
“Rendir cuentas no es un asunto de contentillo, es una obligación que se aplica a todos por igual sin importar de qué partido político y sin importar el poder que se tenga detrás, porque no puede haber poder por encima de la ley”, dijo.
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