De acuerdo con información actualizada al 4 de marzo de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene 20 personas sancionadas por violencia política por razones de género, de las que 16 son hombres, señaló Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Al impartir la conferencia La protección de datos personales de las mujeres para evitar la violencia política, organizada por el Infoem, la comisionada especificó que estas se han reportado en los estados de Campeche con cinco agresiones; Quintana Roo, Veracruz y Yucatán con cuatro e Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Tabasco con una en cada territorio.
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En cinco casos los agresores fueron servidores públicos y en otros cinco tienen cargos de elección popular, lo que demuestra que “es notoria la denostación a las mujeres cuando pretenden acceder a puestos que históricamente han sido ocupados por hombres”, dijo.
“De hecho, durante las contiendas electorales el escepticismo al que nos referimos como toda conducta que promueve el trato diferenciado en función del sexo biológico puede utilizarse por algunos actores politicos como una postura para ganar votos y adeptos minimizando a algunas mujeres candidatas por el hecho mismo de ser tan solo mujer”, sentenció.
Ante esta situación recordó que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para propagar o extinguir la violencia de género, que depende del “tratamiento de los datos personales y el enfoque empleado al momento de presentar a la ciudadanía información sobre la vida privada de las candidatas”.
Al respecto María Isabel Sánchez Holguín, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México señaló que en todos los procesos electorales, los datos personales y la información de la vida pública y privada de quienes aspiran a contender por un puesto de elección popular pueden ser vulnerados ante el escrutinio de sus propios partidos, de sus adversarios, y principalmente de la ciudadanía.
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Ante esto, señaló, “las autoridades electorales están obligadas a manejarse con ética a través de mecanismos que den certeza al resguardo de la información, tanto de contendientes como de votantes”.
Respecto a la violencia política por razón de género indicó que esta puede actuar en todo el proceso electoral, ya sea afectando el derecho de una mujer a ser votada o en sus derechos político electorales mediante la “descalificación, difamación sistemática o indiferencia hacia su capacidad mediante manifestaciones que podrían llegar incluso a transgredir su identidad física y emocional, además de impactar en su seguridad y la de los suyos”.
Sin embargo, recordó que el tipo de consecuencias en estos casos pueden ser penales, civiles, electorales, administrativas e inclusive internacionales.