La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE) con la que reclama la falta de presupuesto para organizar la consulta popular para juzgar las decisiones de “los actores políticos del pasado”.
El ministro Jorge Pardo admitió la noche del lunes la controversia constitucional promovida por el INE contra el Congreso de la Unión, sin embargo rechazó concederle una suspensión para entregarle de manera inmediata los recursos solicitados que superan los mil millones de pesos.
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“Se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia. No ha lugar a abrir de oficio el incidente de suspensión, ya que se impugnan actos de carácter negativo”, señala el acuerdo de Pardo Rebolledo.
Los “actos negativos” a los que se refiere el ministro consisten en que el Congreso “no previó los mecanismos que proveyeran del presupuesto necesario al INE, para hacer frente a su encomienda constitucional como órgano autónomo”, por lo que la medida cautelar no puede tener por efecto reconocer y/o constituir, aún de manera provisional, el derecho que se pretende en el fondo del asunto”.
En su demanda el INE reclama la invalidez del decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre y el decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio para dicha convocatoria publicado el 19 de noviembre.
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Desde octubre pasado el INE señaló que requiere de recursos adicionales por mil 499 millones 392 mil 669 pesos para realizar la Consulta Popular convocada por el Poder Legislativo. Dicho presupuesto no fue aprobado en el Presupuesto de Egreso para 2021.
La Suprema Corte deberá resolver la controversia constitucional del Instituto en las primeras semanas de 2021, al tratarse de materia electoral, en cuanto los ministros regresen de su periodo de receso que inicia este miércoles y finaliza el 3 de enero.
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