/ martes 28 de febrero de 2023

Jucopo analiza controversia constitucional contra orden para que una mujer presida el INE

Esta situación pone en un aprieto al pleno de la Cámara de Diputados, porque ya se había concluido la primera etapa del registro, indicó Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ignacio Mier Velasco, señaló que se analiza la posibilidad de interponer una controversia constitucional para declararse en imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) la ocupe una mujer.

“Ya se había modificado la convocatoria y se votó por mayoría volver a modificarla, esa situación pone en un aprieto al Pleno de la Cámara de Diputados, de carácter jurídico, porque ya se había concluido la primera etapa del registro, se inscribieron más de mil, según la información los que completaron el registro son 664, de los cuales 400 y fracción son hombres y mujeres, y muchos de ellos se registraron para participar al cargo de presidente o presidenta”, explicó en conferencia Ignacio Mier.

Te podría interesar: Diputados buscan imposibilitar sentencia de TEPJF sobre que una mujer presida al INE

El segundo argumento es que el propio tribunal ordenó a la Jucopo no intervenir en la vida interna del Comité Técnico, “y por otro lado hoy nos dicen que nosotros entreguemos los expedientes".

Agregó que debido a que la sentencia del Tribunal está dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados, este jueves se tendría el documento final de la respuesta al órgano.

El acuerdo emitido por la Jucopo es que se da por enterado de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el expediente SUP-JDC-74/2023 y acumulados.

El documento, signado por el presidente de la Jucopo y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PT, MC y PRD, solicita a la presidencia de la Mesa Directiva que les sea turnado para su conocimiento y atención.

Esto con el propósito de resolver una posible contradicción entre las sentencias dictadas en los medios de impugnación electoral relacionados con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus Criterios Específicos de Evaluación.

El acuerdo detalla que la Jucopo, en sus reuniones celebradas el 2 y 24 de enero de 2023, determinó la suspensión de todas las etapas del proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, así como de la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en tanto el Pleno del Órgano Legislativo adoptase un nuevo acuerdo.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2023 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificar el Proceso para la Designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus Criterios Específicos de Evaluación, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 16 de febrero de 2023.

La Cámara de Diputados reconoce que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables; sin embargo, no comparte los razonamientos vertidos en la que hoy los ocupa, toda vez que el acuerdo parlamentario que aprueba la Convocatoria en referencia, y que fue impugnado ante su Sala Superior, se emitió en estricto apego a lo señalado en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se especifica que la sentencia de referencia fue notificada a la Junta de Coordinación Política y al Pleno el 27 de febrero de 2023; sin embargo, el marco jurídico de la Cámara de Diputados no establece un procedimiento a fin de atender la resolución citada en los términos y para los efectos precisados.

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Ante esta situación, no prevista en la normatividad, el numeral 4 del artículo 260 del Reglamento de la Cámara de Diputados permite, por acuerdo de sus órganos de gobierno, se dicte una resolución de carácter general que atienda las eventualidades que sean necesarias.



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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ignacio Mier Velasco, señaló que se analiza la posibilidad de interponer una controversia constitucional para declararse en imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) la ocupe una mujer.

“Ya se había modificado la convocatoria y se votó por mayoría volver a modificarla, esa situación pone en un aprieto al Pleno de la Cámara de Diputados, de carácter jurídico, porque ya se había concluido la primera etapa del registro, se inscribieron más de mil, según la información los que completaron el registro son 664, de los cuales 400 y fracción son hombres y mujeres, y muchos de ellos se registraron para participar al cargo de presidente o presidenta”, explicó en conferencia Ignacio Mier.

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El segundo argumento es que el propio tribunal ordenó a la Jucopo no intervenir en la vida interna del Comité Técnico, “y por otro lado hoy nos dicen que nosotros entreguemos los expedientes".

Agregó que debido a que la sentencia del Tribunal está dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados, este jueves se tendría el documento final de la respuesta al órgano.

El acuerdo emitido por la Jucopo es que se da por enterado de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el expediente SUP-JDC-74/2023 y acumulados.

El documento, signado por el presidente de la Jucopo y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PT, MC y PRD, solicita a la presidencia de la Mesa Directiva que les sea turnado para su conocimiento y atención.

Esto con el propósito de resolver una posible contradicción entre las sentencias dictadas en los medios de impugnación electoral relacionados con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus Criterios Específicos de Evaluación.

El acuerdo detalla que la Jucopo, en sus reuniones celebradas el 2 y 24 de enero de 2023, determinó la suspensión de todas las etapas del proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, así como de la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en tanto el Pleno del Órgano Legislativo adoptase un nuevo acuerdo.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2023 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificar el Proceso para la Designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus Criterios Específicos de Evaluación, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 16 de febrero de 2023.

La Cámara de Diputados reconoce que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables; sin embargo, no comparte los razonamientos vertidos en la que hoy los ocupa, toda vez que el acuerdo parlamentario que aprueba la Convocatoria en referencia, y que fue impugnado ante su Sala Superior, se emitió en estricto apego a lo señalado en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se especifica que la sentencia de referencia fue notificada a la Junta de Coordinación Política y al Pleno el 27 de febrero de 2023; sin embargo, el marco jurídico de la Cámara de Diputados no establece un procedimiento a fin de atender la resolución citada en los términos y para los efectos precisados.

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Ante esta situación, no prevista en la normatividad, el numeral 4 del artículo 260 del Reglamento de la Cámara de Diputados permite, por acuerdo de sus órganos de gobierno, se dicte una resolución de carácter general que atienda las eventualidades que sean necesarias.



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