La aprobación de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador trajo consigo una figura en la que los jueces pueden permanecer en anonimato cuando se atiendan casos de delincuencia organizada.
Dicho mecanismo conocido como "jueces sin rostro" ha sido criticado desde hace varias décadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con ambas organizaciones, la figura de la también llamada "justicia sin rostro" atenta contra los derechos humanos y promueve procesos judiciales que impiden una defensa imparcial.
¿Qué son los jueces sin rostro?
Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la IBERO, explicó a El Sol de México que la figura de jueces sin rostro corresponde a un mecanismo que "busca preservar o mantener en reserva la identidad de las personas que enjuician fundamentalmente temas de crimen organizado".
Sin embargo, el académico de la IBERO agregó que la figura avalada en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador no es un mecanismo útil para combatir las distintas formas de criminalidad.
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"El Estado debería adoptar medidas de protección a juzgadoras y juzgadores que no impliquen la supresión o anulación de derechos de las personas, tanto de personas procesadas como de víctimas", apuntó.
En esto coinciden organizaciones como Amnistía Internacional, misma que envió una carta a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, donde se destacaron las propuestas de reforma que podrían poner en riesgo derechos humanos, y en ella se mencionó la creación de dicha figura.
"Estas propuestas irían en contra de la independencia judicial así como en contra del derecho al debido proceso y las garantías judiciales ya que impide ejercer la defensa ante un tribunal independiente e imparcial", menciona la misiva.
Al respecto, la ONU también dijo a través de sus redes sociales, que si bien, hay que proteger a las personas juzgadoras, esto debería ocurrir sin vulnerar el derecho a un juicio justo.
Jueces sin rostro en América Latina
En la región latinoamericana, AI instó a varios países a que se abandonara esta práctica en la que no se da a conocer la identidad de los juzgadores, como en el caso de Perú en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
En esta nación se instauró el mecanismo en 1992. AI documentó que los procesos donde los juzgadores permanecían en anonimato se realizaban con pantallas entre ellos y las personas acusadas, y además, se usaban números en los expedientes en lugar del nombre de los jueces.
Sólo en este país, desde 1992 hasta 1997, época en la cual se aplicó la medida de los jueces sin rostro, al menos cinco mil presos fueron declarados culpables tras haber sido juzgados sin las debidas garantías.
Otros países donde se aplicó este mecanismo fue en Colombia durante la administración de César Gavira y de forma más actual, en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele.
Por ello, el académico de la IBERO dijo que la experiencia a nivel internacional sobre la aplicación de este mecanismo no supone una medida de protección a los derechos humanos.
"Los resultados son catastróficos: violaciones a derechos humanos, derechos del debido proceso legal, las condiciones de independencia con que deben actuar las y los juzgadores, etcétera. Es decir, una enorme cadena de violaciones a los derechos humanos suelen estar ancladas a este tipo de figuras", agregó Ricardo Ortega.
Pese a ello, figuras políticas como Ricardo Monreal han defendido esta medida bajo el argumento de que esto corresponde al último eslabón de una cadena de seguridad completa.
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Por último, el director del departamento de Derecho de la IBERO remarcó a esta casa editorial que la figura de jueces sin rostro es como una "cereza del pastel" en la reforma judicial aprobada ya en 18 congresos del país, pues "está partiendo de una premisa equivocada con efectos catastróficos".
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