VILLAHERMOSA.- La Ley Bonilla fue la primera prueba para “estirar la liga” de una posible reforma para permitir una ampliación de mandato, dijo el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez, por lo que lo que los dichos del diputado local de Tabasco, Charly Valentón sobre la reelección presidencial, no son una ocurrencia.
La declaración de Baños se dio el mismo día en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la impugnación a la consulta que plantea el Congreso de Baja California sobre dicha ley debe ser analizada en primera instancia por el Tribunal local.
"Tenemos un conjunto amplio de lo que parecieran ser ocurrencias pero que se van tornando paulatinamente en cambios legislativos o políticas públicas, tal es el caso de la propuesta que formuló el diputado tabasqueño Charlie Valentino sobre modificar la constitución para hacer posible la reelección", expuso durante su participación en la Apertura del XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales, celebrada en Villahermosa, Tabasco.
Dijo que este caso está ligado al de la llamada Ley Bonilla, en el estado de Baja California, que pudiera ser una especie de laboratorio para ver "hasta donde se puede estirar la liga", hablando del periodo que pueden permanecer en el cargo los gobernantes.
Con la llamada Ley Bonilla, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, podrá quedarse en el cargo cinco año, en lugar de dos como estaba estipulado en la reforma electoral de 2014. La polémica de este cambio de plazos viene por el hecho de que se aprobó después de las elecciones de junio pasado, algo que está prohibido por la Constitución federal.
Ante tal cambio, muchos sectores políticos y sociales manifestaron su desacuerdo por tal reforma, entre ellos el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien en agosto calificó dicha reforma como un atropello a la democracia.
“Yo he denominado: atropello a la democracia; y que otro Presidente de esta institución, un célebre presidente de esta institución, de manera mucho más precisa ha definido como atraco”, dijo en su momento Córdova Vianello.
De lado empresarial también hubo inconformidad por esta ley. Coparmex en Tijuana anunció que una vez que sea publicada interpondrá una controversia contra la ampliación de mandato.
Tras la polémica, la nueva Legislatura del Congreso bajacaliforniano convocó a una consulta para que los ciudadanos para saber si están de acuerdo con que el próximo gobernador, es decir Jaime Bonilla, esté en el cargo cinco años.
De nueva cuenta, dicha consulta generó polémica ya que en la Constitución local se establece que las consultas ciudadanos no pueden aplicarse en temas electorales. Por eso la Coparmex acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar dicha decisión.
Sin embargo, la Sala Superior rechazó recibir las demandas y las remitió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California para que sea esta instancia la que determine en primera instancia si la impugnación es válida o no.
En sesión privada, los magistrados rechazaron la solicitud de de la Coparmex de Baja California, Armando León Ptacnik, y de Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, además del partido Movimiento Ciudadano de que fuera la Sala Superior la que se pronunciara resolver los medios de impugnación “per saltum” y omitir la obligación de acudir previamente al Tribunal Electoral local.
El argumento para saltarse el paso local es porque, a consideración de Coparmex, el Tribunal local no garantizaba una tutela efectiva de sus derechos político-electorales porque ya se había pronunciado a favor de los cinco años para la próxima gubernatura.
“La Sala Superior consideró además que el acto impugnado es distinto a los ya resueltos, pues proviene del Congreso local, además de que agotar el recurso en este momento no genera un perjuicio irreparable a los demandantes y hay tiempo suficiente para seguir la cadena de impugnaciones. De igual forma, las magistradas y los magistrados no perciben parcialidad del tribunal local”, determino la Sala Superior.
Ahora, será el Tribunal local el que determinará si es legal o no la consulta propuesta por el Congreso de Baja California, y una vez que se pronuncie, las partes podrán impugnar su determinación para que sea el Tribunal federal el dé la sentencia definitiva, el cual no será el último episodio, ya que todavía falta la controversia contra la Ley Bonilla.
