La Ley de Amnistía beneficiará a delincuentes y dejará sin justicia a las víctimas. De aprobarse, está en riesgo la seguridad ciudadana con la probable liberación de 300 mil expedientes de delincuentes, con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere construir una base electoral, sin importarle el peligro que esto tiene para las familias mexicanas.
Como parte de un populismo criminal electorero, Morena busca aprobar este proyecto legislativo que establecerá la impunidad para los que roban y envenenan con drogas a los jóvenes y empoderará a los delincuentes, aseguró el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.
Y enfatizó que los legisladores del albiazul dan la batalla para evitar que se concrete este error legislativo en la última semana del período ordinario se sesiones.
Afirmó que los diputados del albiceleste, sugieren a sus pares de todos los partidos que antes de aprobar la Ley de Amnistía, tomen en cuenta la participación de personas y organizaciones de la sociedad civil en un amplio Parlamento Abierto.
Resaltó que la propuesta que envió el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión ofrece beneficios a quienes están privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados por delinquir en robos sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito o crédito o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y cristalazos.
Sostiene el político guanajuatense que todo con la argumentación de que son delitos menores o de baja cuantía, cuando son precisamente éstos los que afectan a los sectores con menores recursos, a los jóvenes a quienes roban un celular o una computadora.
Advierte que la naturaleza de una Ley de Amnistía es para casos de excepción, pero como lo hace el Presidente de la República y sus diputados, es aplicarla supuestamente para los pobres. “La realidad es que se dejarán en libertad a quienes han robado o causado daños a la sociedad”.
Con el grave problema que enfrentan miles de familias, resulta inconcebible que quiera beneficiar a los que venden sustancias ilegales cerca de las escuelas y centros de diversión o en colonias populares; además de que solapa a quienes toman carreteras y realizan manifestaciones.
Afirmó que el proyecto de Ley de Amnistía del Ejecutivo, contienes 8 artículos y 3 transitorios. Sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Penales en vigor, ya contempla las garantías a las que están sujetas las personas, porque además, reconoce el principio pro-persona y mandata al Estado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por otra parte, resaltó que el actual gobierno se niega a fortalecer las instituciones de impartición de justicia, que es víctima de un austericidio constante y juega contra de su funcionalidad, como lo demuestra el recorte de 1,327 millones de pesos al Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.
Afirmó Romero Hicks que frente al año de mayor inseguridad en la historia reciente del país, la Fiscalía General de la República (FGR), también tendrá 1,500 millones de pesos; al Tribunal General de Justicia Administrativa le quitó 308 millones de pesos y al Programa de Justicia para la Seguridad Pública le redujo mil millones de pesos.
Y puntualizó: “No se entiende por qué este gobierno quiere amnistía para beneficiar a una personas, pero escatima los esfuerzos para beneficiar a unas personas, pero escatima los esfuerzos al fortalecimiento de las instituciones impartidoras de justicia.