La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial en México y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
A través de un comunicado, el organismo de la OEA afirmó que ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México.
“Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país”, dice.
Asimismo, consideró que lo precipitado de las modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial. “Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, añadió la CIDH en su comunicado.
A pesar de que reconoció que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, subrayó que una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos.
“En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”, consideró.
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Asimismo, advirtió que el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podría comprometer su independencia.
“Si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”, subraya el comunicado.
Por último, instó a las autoridades mexicanas a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.
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Asimismo, pidió garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados.