El decreto presidencial que ordena recortar 75% del gasto operativo gubernamental para lo que resta del año, afectará al menos a 58 actividades de casi todos los ramos el gobierno federal, sin contar a empresas paraestatales y entidades no sectorizadas.
La protección de derechos humanos, la búsqueda de desaparecidos, la adquisición de leche a cargo de Liconsa, la supervisión de la construcción de carreteras, la administración de cárceles federales, la atención de desastres naturales y la evaluación de la política social de la 4T, son parte de los programas presupuestarios que corren el riesgo de quedar inoperantes por la severa medida de austeridad.
Y es que más de la mitad del dinero que aún no se había ejercido para estas actividades —y por tanto quedaba disponible— proviene de los capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales) del gasto público, sobre los cuales se aplicará el recorte.
Así lo revelan cifras de la base de datos abierta sobre el avance en la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con corte al primer trimestre del año. El archivo puede descargarse del portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el caso de Presidencia de la República, el recorte pondrá en aprietos sobre todo a las actividades de ayudantía y logística, que dependen al 100% de ambas partidas. También debilitará las actividades de asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el ramo de Gobernación, la medida castigará los esfuerzos para buscar personas desaparecidas, proteger los derechos humanos, prevenir la discriminación, impulsar el desarrollo democrático y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En Seguridad y Protección Ciudadana, se debilitará la infraestructura de seguridad, la administración del sistema federal penitenciario y la Plataforma México, que es la red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas del país.
De acuerdo con el decreto presidencial, el megarecorte no tocará a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas ni a la Secretaría de Salud.
Pobres: sin servicios financieros ni Internet
En un oficio fechado el pasado 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda ordenó a todos los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas cumplir de inmediato con el decreto presidencial de recortar 75% de su gasto operativo para lo que resta del año.
Hacienda tendrá que hacer lo propio, afectando principalmente sus programas de inclusión financiera, que dependen totalmente de la partida destinada a servicios generales. También se verán menguados sus esfuerzos para detectar y prevenir delitos financieros.
En lo que respecta al ramo de Agricultura y Desarrollo Rural, los programas más afectados serán la adquisición de leche nacional; la regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera; y el desarrollo de programas educativos en materia agropecuaria.
En Comunicaciones y Transportes sufrirán recortes importantes el programa de Internet para Todos, los servicios de correo, la supervisión de construcción de carreteras, la operación de infraestructura marítima y portuaria así como la supervisión de las concesiones de telecomunicaciones.
Y en Economía, los programas más golpeados serán la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa; la negociación, administración y defensa de los tratados y acuerdos comerciales y la regulación, modernización y promoción de la actividad minera.
En vilo, los libros de texto
En lo que concierne al ramo de Educación, el tijerazo presupuestal pondrá en jaque los sistemas de información y gestión educativa y la producción y distribución de libros y materiales educativos, que dependen casi en su totalidad de los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto.
También se verán afectados los programas de atención al deporte de la Conade, las políticas de igualdad de género en el sector educativo y la producción y transmisión de materiales educativos, pese a que la pandemia de Covid-19 tiene a las escuelas cerradas y los alumnos actualmente toman clases a distancia.
El registro de agrupaciones sindicales es la actividad más vulnerable al recorte en el ramo de Trabajo y Previsión Social. Y en el caso de Desarrollo Territorial y Urbano, los programas con más riesgo de parálisis son la modernización del Catastro Rural Nacional y la atención de conflictos agrarios.
Siete programas del ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales enfrentan el mismo problema, entre ellos, la atención de emergencias y desastres naturales, los programas de calidad del aire, la operación y mantenimiento de infraestructura hídrica y la inspección y vigilancia medioambiental.
Y en el ramo energético, el programa más vulnerable es el aprovechamiento sustentable de energía.
Fortalecen programas sociales, debilitan su evaluación
En el ramo de Bienestar, las actividades con mayor riesgo de parálisis son el fomento de la participación ciudadana, la articulación de políticas integrales para la juventud y la evaluación de los programas sociales de López Obrador.
En lo que respecta al ramo turístico, el megarecorte hará mella en el fomento y promoción de la inversión, justo cuando el sector más lo necesita tras haber parado durante dos meses por la emergencia sanitaria.
Finalmente, en el ramo cultural el recorte pondrá en aprietos a programas como cultura comunitaria; la producción, distribución y transmisión de materiales artísticos y culturales; la protección de los derechos de autor; la conservación del Patrimonio Cultural y la educación y cultura indígena.
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