México retrocedió tres lugares en el Índice Global de Estado de Derecho 2020 de la organización World Justice Project, para ubicarse en el puesto 104 de 128 países de este estudio, el más reconocido a nivel mundial en el tema de legalidad.
La caída de nuestro país en el ranking global fue por la caída de 2.8 por ciento en su puntuación promedio, al pasar de 0.45 a 0.44, en una escala que oscila entre cero y uno, donde uno indica mayor adherencia al Estado de Derecho.
Se destaca que por primera vez desde que se elabora este informe Estados Unidos quedó fuera del top 20, por bajar en todos sus indicadores de Estado de Derecho con el gobierno de Donald Trump. Mientras que Etiopía y Malasia son los casos de mejor avance en esta materia.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El Sol de México y que será dado a conocer hoy en todo el mundo, la corrupción (0.27), la seguridad (0.53) y la justicia penal (0.30) son las áreas que requieren mayor atención en México.
En el caso específico de los factores de corrupción, orden y seguridad mexicanos, estos ocupan los lugares más bajos en América Latina y el mundo.
“La corrupción, seguridad y justicia penal son áreas que requieren mayor atención en México. Se registró un deterioro estadísticamente significativo en el factor que mide orden y seguridad.”, explicó el WJP.
En cambio, el rubro mejor calificado es gobierno abierto, donde México ocupa a nivel mundial el lugar 36 de 128 países, y a nivel latinoamericano el lugar siete de 30, por haber mejorado en apertura del gobierno a proporcionar información, respeto al derecho a la información y participación cívica.
El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo. El Índice se basa en encuestas en más de 130 mil hogares y a más de cuatro mil especialistas en 128 países, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
Los tres primeros lugares en el Índice Global son Dinamarca, Noruega y Finlandia; los últimos tres son República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela, los mismos que en la edición de 2019 del Índice.
Pero el WJP no es optimista porque por tercer año consecutivo más países disminuyeron sus puntajes de los que los aumentaron en el Índice de Estado de Derecho, reflejando un debilitamiento y estancamiento sostenidos del Estado de Derecho a nivel global. Esto confirma una tendencia a la baja. Los cambios fueron particularmente pronunciados en el factor Límites al Poder Gubernamental.
“El Estado de Derecho no es solamente un ámbito de abogados y jueces”, señaló William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz. El Estado de Derecho es un tema que nos involucra a todos, y todos tenemos un rol en fortalecerlo. La edición 2020 del Índice subraya que todos tenemos trabajo por hacer en este tema.”
A nivel mundial, los niveles más altos de disminución en el último año se observaron en las áreas de Derechos Fundamentales (54 rechazados, 29 mejorados), Restricciones sobre los poderes del gobierno (52 rechazados, 28 mejorados) y Ausencia de corrupción (51 rechazados, 26 mejorado).
Con respecto a la región de América Latina y el Caribe, México se encuentra en el lugar 26 de 30 países en y en la posición 39 de 42 entre los países de ingreso mediano alto. En la región, Uruguay, Costa Rica y Chile son los países mejor calificados.
Sobre el reporte 2020, los países con mayores avances en Estado de Derecho son Etiopía (con un aumento de 5.6 por ciento, impulsado principalmente por avances en los factores que evalúan Límites al Poder Gubernamental y Derechos Fundamentales) y Malasia (5.1 por ciento, principalmente por avances en Límites al Poder Gubernamental, Derechos Fundamentales, y Cumplimiento Regulatorio).
La mayor caída del Estado de Derecho se observó en Camerún (con una disminución de 4.4 por ciento, provocada principalmente por el descenso de puntajes en los factores que evalúan el Orden y la Seguridad y los Derechos Fundamentales) e Irán (con una caída de 4.2 por ciento, causada en mayor medida por la disminución de los puntajes en Justicia Penal).
En los últimos cinco años, los países que experimentaron la mayor caída anual promedio en Estado de Derecho fueron Egipto (4.6 por ciento menos), Venezuela, RB (3.9 por ciento), Camboya (3.0 por ciento), Filipinas (2.5 por ciento), Camerún (2.4 por ciento), Hungría (2.1 por ciento), y Bosnia y Herzegovina (2.1 por ciento).
La mayor caída de un factor en los últimos cinco años fue el puntaje de Egipto y Polonia en Límites al Poder Gubernamental, con una disminución promedio anual de 8.5 por ciento y 6.8 por ciento, respectivamente.
El Índice se conforma por encuestas nacionales con muestras representativas de cada país, más entrevistas a expertos en diversos temas vinculados al Estado de Derecho, datos que son procesados por un grupo de analistas que agrupa los resultados en ocho factores y 40 sub factores, de donde salen los números finales.
Las encuestas a la ciudadanía en general se realizaron a finales del año 2018 y las consultas a expertos se consolidaron durante el segundo semestre de 2019. El informe al final se conforma, dice la institución, tanto por opiniones como por experiencias.
El informe advierte que estas mediciones abarcan opiniones nacionales para poder hacerlas comparables país a país, por lo que aquí no hay desglose específico por estados de la República o provincias, ni explicaciones puntuales de las razones por las cuales tanto los encuestados como los expertos opinaron en un sentido u otro.
El WJP sólo elabora un informe desglosado de país al año, y es el correspondiente a México, que fue dado a conocer también por los diarios de la Organización Editorial Mexicana el pasado 13 de febrero, en el que se advertía que el aumento en el último año de la violencia, la incidencia criminal y la corrupción en las entidades de la República fueron los factores principales del debilitamiento del Estado de derecho en México.
En ese reporte, todas las entidades del país quedaban a deber en el cumplimiento de la ley, el acceso a la procuración de la justicia o el combate a la corrupción, incluso, desde la oficina misma de los gobernadores. Yucatán fue la entidad mejor evaluada, contra Guerrero, que quedó al último.