La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, urgió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a mantener la “naturaleza civil” de la Guardia Nacional y no se traslade a la supervisión de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
En un mensaje emitido a través de su portavoz, Bachelet pidió al Estado mexicnao que el cuerpo de seguridad mantenga las atribuciones que se le confirieron su normativa interna y en la Constitución cuando fue aprobada su creación en marzo de 2019.
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“La Alta Comisionada y diferentes mecanismos de derechos humanos han insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México, en asegurar el carácter civil de las corporaciones de seguridad y en que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es excepcional, un último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”, consideró.
El llamado de la ONU-DH se da luego de que el presidente López Obrador manifestara en su conferencia matutina del lunes su intención de emitir un decreto por el cual la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Sedena, lo que generó preocupación entre expertos de derechos humanos al considerar que con esta acción se militarizaría el país.
“Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena”, adelantó.
El anuncio del presidente surge ante las dificultades que tiene su partido Morena para poder aprobar iniciativas de reformas constitucionales, por lo que al no contar con las dos terceras partes del Congreso de la Unión, su propuesta para trasladar el mando de la Guardia Nacional a Sedena se vería truncada.
Sin embargo, con su decreto, el mandatario federal pretende evitar la discusión parlamentaria y solamente dar la orden para que el cuerpo civil, que ya está a cargo de un militar en retiro, pase a ser subordinado del Ejército nacional a pesar de las violaciones a la constitución y de derechos humanos que advierten expertos.
“La experiencia demuestra que hoy en día México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles. Ha habido un aumento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica e incluso sexual.
“Los estándares internacionales de #DDHH señalan que las #FuerzasArmadas sólo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar”, recordó la organización Amnistía Internacional, la cual se unió al llamado para solicitar al presidente López Obrador que reconsidere su decisión de militarizar al país.
En este sentido, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró además que con base en varios contextos mundiales “la creciente militarización de funciones civiles básicas supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática”.