Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, propuso realizar una consulta popular para que el pueblo de México decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por voto directo.
“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”, dijo el diputado de Morena, quien asegura que su propuesta se hará conforme a la ley y con la ayuda de sus partido aliados, PT y PVEM, se logrará.
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“Seremos casi el 60 por ciento”, dijo.
Tras la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, desde Palacio Nacional y desde Morena, se ha emprendido una campaña para desprestigiar a los ministros del máximo tribunal judicial.
Según Ignacio Mier, hay un gran problema en el Poder Judicial porque dictan sentencias injustas o no dictan sentencias, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto por delitos del fuero común como del federal, “y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”.
“Sí de algo tiene hambre y sed este país es de justicia; mujeres violentadas que no la encuentran, ni en la procuración ni en la administración. Además de la injusticia que viven diario los indígenas, los más pobres, los que son violentados en la calle o que atentan contra su patrimonio o los que son víctimas de secuestros. Para esos no hay justicia”, acusó el morenista.
El diputado federal acusó que el Poder Judicial y los organismos autónomos, con excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige Rosario Piedra Ibarra, ganan más que el presidente de la República porque se ampararon.
“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, es el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte", insistió.
Aseguró que existen privilegios de los ministros como el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera sino de los cuates, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo.
En opinión de Ignacio Mier, los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición.
Expresó que la consulta se llevará a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.
DESENCUENTROS
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sufrido varios reveses en la Corte que tiró varias de sus iniciativas y leyes sustanciales al declararlas inconstitucionales.
Entre ellas, una de las más criticadas por el Presidente, está la de revertir el traspaso del mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a finales de abril pasado.
También está la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que daba a la Presidencia de la República la facultad de disponer a discreción de los ahorros generados por las medidas de austeridad. La decisión, tomada a principios de abril, señala que los diputados no pueden renunciar a su responsabilidad constitucional de determinar el destino del gasto público federal.
La Corte también tiró la reforma a la Ley de Austeridad Republicana que limitaba hasta por 10 años que exfuncionarios trabajaran en empresas del sector privado que hayan estado bajo su supervisión. Los ministros resolvieron que esto restringía innecesaria y desproporcionadamente la libertad de trabajo.
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Esta semana la Suprema Corte discutirá la constitucionalidad del decreto presidencial que designa a todas las megaobras —AIFA, Tren Maya y la refinería de Dos Bocas— como temas de seguridad nacional y por ello su información es restringida.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que impugnó el decreto, va en contra del principio de máxima publicidad y el acceso a la información pública.