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El próximo martes 6 de abril los diputados federales discutirán, en una mesa de diálogo, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que permite al Ejecutivo suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo, así como los permisos con los que participan en el sector.
El acuerdo adoptado este miércoles 31 de marzo por la Comisión de Energía, que preside el diputado Manuel Rodríguez, indica que sólo se realizará una mesa de diálogo con una duración de cuatro horas, a partir del mediodía.
Diputados del bloque opositor: PAN, PRI, MC, PRD, pidieron que se llevara a cabo un parlamento abierto de al menos dos días de duración y donde se pudiera contar con la participación de funcionarios federales como los titulares de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle y de Pemex, Octavio Oropeza, al considerar que el tema requiere de un análisis serio, prolongado y a detalle, toda vez que la reforma planteada por el Presidente ya genera incertidumbre en el ámbito nacional e internacional.
De acuerdo con el formato avalado por la mayoría legislativa de Morena, cada fracción parlamentaria podrá proponer a un especialista en la materia para escuchar sus comentarios; aunque el presidente de la Comisión de Energía propuso que pudieran ser hasta dos por cada partido representado en la cámara baja del Congreso.
“No fue escuchada nuestra propuesta. No tuvo eco. No aceptaron un parlamento abierto para poder escuchar a todas y todos. No fue aceptado y ahora vamos a ir a entrarle a un trabajo medianito, chiquito. Es una mesita de diálogo a modo para poder sacar en fast track esta iniciativa que tanto les interesa a ellos (Morena)”, comentó a El Sol de México el vicecoordinador de MC, Jacobo David Cheja Alfaro.
El diputado emecista también comentó que solicitó reponer el proceso legislativo de dicha reforma, al considerar que se violó el artículo 66 del reglamento de la Cámara de Diputados y el cual indica que se debió anunciar el turno a comisiones de la reforma a la Ley de Hidrocarburos y lo cual no ocurrió al pasar directamente a comisiones.
El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, solicitó un parlamento abierto a fondo y propuso como fecha de inicio el próximo 12 de abril, una vez que las vacaciones de semana santa concluyeran y se pudiera hacer una convocatoria más grande y que estipulara como mínimo dos días de discusión.
Sin embargo, ninguna propuesta fue aceptada por la mayoría de Morena y como anticipó El Sol de México prevén utilizar su maquinaría para aprobar al vapor la reforma que envió el presidente Andrés Manuel el pasado viernes 26 de marzo, sin moverle ni una coma, como ocurrió con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y que hoy se encuentra en un embate judicial por las empresas privadas del sector que participa en la generación de electricidad.
La bancada mayoritaria tiene como límite el 15 de abril para elaborar y aprobar este dictamen, a fin de darle oportunidad al Senado de procesarla y devolverla a San Lázaro antes del jueves 29 de abril, último día de los trabajos legislativos de la Cámara baja del Congreso.
Especialistas del sector energético consultados por este diario también han coincidido en que los cambios a la Ley de Hidrocarburos representan un riesgo de expropiación a las empresas que cuentan con terminales de almacenamiento para combustibles, ductos y terminales ferroviarias relacionadas con este ramo, coinciden analistas del sector energético.
Este lunes el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que la propuesta del titular del Ejecutivo federal se asume como un duro golpe al Estado de Derecho y amenaza las inversiones presentes y futuras, no sólo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.
“En caso de aprobarse, esta iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”, señaló el Imco en posicionamiento público.
