El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que no tiene atribuciones legales para contar con la información sobre los titulares de las líneas que realizaron llamadas contra el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador.
El IFT indicó que sostuvo una reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) para brindar tanto asesoría sobre el caso de las llamadas telefónicas contra el candidato a la presidencia.
Explicó que el regulador asigna bloques de numeración a los operadores que lo solicitan; sin embargo, dijo que no está dentro de las atribuciones legales del Instituto contar con la información sobre la titularidad de las líneas telefónicas
"La información relativa a la utilización de la numeración propia o arrendada de los concesionaros es registrada por estos conforme a la ley, y corresponde a los mismos entregarla a las autoridades competentes de procuración de justicia que la requieran, en términos de lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones aplicables", sostuvo IFT en una comunicado.
Por otra parte, funcionarios del IFT indicaron que también se reunieron con representantes de la industria para implementar medidas para identificar y desincentivar prácticas de terceros que puedan resultar contrarias a la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.
Por último el Instituto Federal de Telecomunicaciones reiteró su absoluta disposición para coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades electorales.
Hace unos días El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrieron una investigación por las llamadas que en los últimos días se están haciendo a ciudadanos para darle información en contra del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte AMLO pidió a Teléfonos de México, colaborar en la identificación de las empresas que han contratado sus servicios telefónicos para manipular el voto a través de encuestas.