Magistrados y Jueces de distrito de todo el país, advirtieron que el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluye rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género, así como la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado, para controlar la administración y disciplina interna, "se dirige de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión".
Así lo dijo el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A. C.; quien llamó a los legisladores al no enfrentamiento, ni a los señalamientos, "pedimos diálogo, coordinación y entendimiento entre Poderes de la Unión, dentro del marco de competencias exclusivas autónomas e independientes".
En la escalinata principal del edificio del Poder Judicial de la Federación y acompañado por jueces y magistrados, Vega Ramírez detalló que se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que ganamos 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad.
Recalca que en un auténtico régimen de divisiones de poderes, en una democracia fortalecida como la que nos permitió este cambio de rumbo, " no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie".
Recalcó que la irreductibilidad salarial no es un privilegio; sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, al tiempo que recalcó que la independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda".
Estamos aquí -dijo- de manera inédita, refrendando nuestro compromiso con la ley y la constitución, ejerciendo nuestros derechos, todo dentro del cauce de la legalidad.
A continuación, el magistrado refirió que han presentado una demanda de amparo en contra de lo que consideran un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del poder judicial de la federación.
Vega dijo que los "ejercicios modernizadores" que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, en el fondo esconden su verdadera intención; debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho.