La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó a los Congresos locales valorar con detenimiento reformas que penalicen la interrupción del embarazo porque es un tema que viola las garantías sociales y derechos de la mujer.
Con la penalización del aborto, el gobierno, los jueces y los ministerios públicos criminalizan a la mujer, criticó la ministra en retiro, quien desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación abogó por el derecho a interrumpir legalmente el embarazo.
También llamó al Congreso de la Unión a crear un Código Penal Único para eliminar el aborto como un delito, luego de que la Legislatura de Nuevo León reformó su Constitución para reconocer y defender la vida desde la concepción del feto.
“El tema aquí más sensible es un tema de recriminalización de la mujer, se le vuelve a criminalizar varias veces, no solamente por su agresor, sino por el mismísimo gobierno, por los legisladores, por los jueces y por los ministerios públicos, por los fiscales”, reclamó la funcionaria.
Sin embargo, señaló que los estados gozan de soberanía, por lo que desde el gobierno federal no puede impulsar un proyecto que contravenga las decisiones de los diputados locales. Para ello existen otros instrumentos.
Desde el 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio la despenalización del aborto y a favor de los derechos a la vida, salud integridad y privacidad de las mujeres. Una y otra vez ha amparando a quienes han interrumpido su embarazo y enfrentado a autoridades estatales locales por esta decisión.
El Congreso de Nuevo León reformó su Constitución, el miércoles pasado, para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Treinta diputados votaron a favor y ocho en contra. Los opositores a la reforma impugnarán esta reforma, junto con organizaciones civiles, en la Suprema Corte.
“Se podrá revocar y declarar la reforma inconstitucional y por ende dejarla sin efectos. Es muy probable que esto se revierta por mandato de la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión que se aprueba, da materia para una acción de inconstitucionalidad, sabemos que la Comisión Estatal está preparando una acción al respecto, creemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hará”, explicó Luis Donaldo Colosio, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.
Además, el secretario de gobierno de esta entidad, Manuel González, no descartó también acudir al máximo tribunal.
El debate escaló hasta el Senado de la República. Ayer, legisladoras que están en contra y a favor del aborto se pelearon durante la sesión. Todo inició porque un pañuelo color verde apareció en cada curul con la leyenda: “por un aborto legal, seguro y gratuito’’.
La senadora de Morena, Lilly Téllez, con el pañuelo en mano expresó que tiene derecho a rechazar el aborto y solicitó a Movimiento Ciudadano no dejar en su asiento propaganda de este tipo.
Su compañera, Laura María de Jesús Rodríguez, encendió la polémica al argumentar que el trabajo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha permitido a las mujeres elevar la voz para evitar que la religión opaque sus derechos.
La panista Xóchitl Gálvez se pronunció también por la libertad sexual y los derechos reproductivos.
