Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron los resultados de un análisis de riesgo de corrupción y gasto de los principales programas sociales de la actual administración, donde identificaron una serie de deficiencias, omisiones e incongruencias que pueden dar pauta a áreas de corrupción dentro de estos programas.
En específico dichas organizaciones realizaron el análisis de los programas Sembrando Vida, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad, desde el inicio de estos y hasta marzo de 2021.
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De acuerdo con Alfredo Elizondo, coordinador general de GESOC, respecto al padrón de beneficiarios en programas como Sembrando Vida, Construyendo el Futuro y Pensión para personas con discapacidad, el análisis concluyó que este ha sido poco transparente, pues han existido deficiencias en la construcción del mismo y ha habido poca claridad sobre los procesos de confronta de padrones para identificar duplicidades entre programas.
Esto se suma a los problemas identificados dentro de su operación, donde se realizó la entrega de transferencias monetarias a beneficiarios que no se encuentran bancarizados o que no pueden acceder a medios electrónicos de transferencias, además de que existe ausencia de información sobre procesos de comprobación de entrega de beneficios y no existe un proceso abierto y transparente para seleccionar a los bancos que dispersan los recursos.
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Sobre la transparencia y participación ciudadana, se encontró que hay procesos poco claros para la realización de quejas y denuncias por parte de beneficiarios y no beneficiarios y en cuanto al presupuesto identificaron una ausencia de informes periódicos que reflejen los resultados generados del gasto público, donde se muestre de forma desagregada el uso de recursos públicos.
Finalmente mencionó que se encontraron operaciones poco transparentes de la estructura denominada “Servidores de la Nación”, donde el censo de bienestar fue “sin información precisa de sus resultados y con deficiencias metodológicas en su realización”, sumado a una “cadena de mando confusa”.
Por su parte Paola Palacios de Transparencia Mexicana, señaló en cuanto a la revisión y validación de los padrones de beneficiarios, que existen al menos tres padrones que no cuentan con los mismos campos ni estructura al interior que sea común, lo que “impide que sean interoperables”.
“Este componente del compromiso busca publicar y difundir los procesos de revisión y validación de los padrones y que cumplan con elementos básicos de la Ley de Transparencia, sin embargo, no incluyen todos los elementos determinados por ley”, dijo.
Respecto al sistema más complejo a nivel federal de los tres anteriormente mencionados señaló que el SIIP-G, que permite que todos los programas presupuestarios del gobierno se alojen en un mismo lugar, “hasta ahora ha sido un sistema cerrado” y con pocos avances concretos.
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Por su parte Anaid García de Fundar señaló que a partir del análisis de los padrones se identificaron problemáticas como que algunos proveedores no cuentan con información de distribución geográfica a nivel municipal y ninguno cuenta con información a nivel local.
Además de que existen incongruencias entre la distribución geográfica de apoyos reportada en los padrones y la que se plantea en las reglas de operación o en los informes trimestrales. Todo lo anterior incrementado con el hecho de que identificaron un bajo nivel de participación e involucramiento de las dependencias federales.
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