El presidente nacional del PAN, Marko Cortes Mendoza, lamentó el actuar de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aplicar diversos criterios con respecto a los ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por parte del gobierno federal y el Partido Morena, que solo abonan a cumplir el capricho del Presidente.
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Cortés Mendoza explicó que es de preocupar que en la suspensión del acuerdo del INE para posponer la consulta por parte de dos ministras, hubo una respuesta expedita de la SCJN a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de "ratificar" su mandato.
En cambio, criticó, que la misma Corte aplicó otro criterio para abordar la controversia constitucional presentada por el INE para que ordene a la Cámara de Diputados asignarle la suficiencia presupuestal para organizar la consulta popular sobre la revocación de mandato.
"Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras, pero en este caso en particular, existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice", explicó.
Pidió que, por el bien de México, la Corte debe frenar a la brevedad el costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario de López Obrador, porque, de realizarse el capricho presidencial, nos estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4 mil millones de pesos, recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza.
El líder panista mencionó que la SCJN no debe consentir una clara violación constitucional, ya que el ejercicio de revocación está claramente tergiversado en ratificación de mandato, deformando la figura de empoderamiento ciudadano para revocar el mandato por pérdida de confianza.
Esto se hace muy evidente cuando utilizando todos sus recursos, sus clientelas y beneficiarios de programas, quienes la promueven son las propias estructuras gubernamentales, las del partido en el gobierno y el mismo presidente de la República.
Marko pidió a los ministros de la Corte no dejarse presionar, asumir una posición legal, congruente y responsable con el país y convocó a las demás fuerzas políticas y a la sociedad civil organizada a levantar la voz y defender al Instituto Nacional Electoral, que es un organismo con autonomía constitucional fundamental para la vigencia de nuestra democracia.
Señaló que si bien respetamos la decisión que tomaron dos de las ministras para que el INE continúe los trabajos de preparación del ejercicio de revocación, se debe esperar a que el pleno de la propia Corte analice y resuelva el fondo de la controversia presentada.
"Rechazamos de forma enérgica los ataques contra la institución electoral y sus consejeros orquestado desde el gobierno y su partido", añadió.
Dijo que el ejercicio de revocación de empoderamiento ciudadano ahora está completamente tergiversado en ratificación de mandato, y está respondiendo a los deseos del presidente, lo que implica un gasto público absolutamente inútil, sobre todo en momentos en que está fuertemente afectada la economía de las familias mexicanas.
El dirigente nacional del PAN también cuestionó y contrastó la conducta de las mesas directivas del Congreso federal, pues dijo que cuando el presidente López Obrador emitió el acuerdo para asignar sin licitar y ocultar la información de las obras de infraestructura del sexenio, los senadores de oposición solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, que presentará una controversia constitucional contra el "decretazo" presidencial, pero se negó.
Sin embargo, en la impugnación del acuerdo del INE promovida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ocurrió lo contrario, lo cual contradice la actuación de Morena y de la propia presidenta del Senado.
"Queda en evidencia que el Presidente de la Cámara de Diputados y la Presidenta de la Cámara de Senadores están sometidos a los intereses y al servicio del Ejecutivo Federal, ya que su actuación es completamente distinta cuando se trata de defender la legalidad de los actos del gobierno", explicó.
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Cortés Mendoza aseguró que la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados ante la fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros electorales que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato, es políticamente inaceptable y jurídicamente intrascendente, pero se inscribe en la misma campaña para desacreditar al INE y a sus consejeros.
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