La Procuraduría General de la República (PGR), esta diseñando una estrategia mediante la que se busca que los nueve acusados de lavar dinero de empresas fantasmas en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, reciban sentencias condenatorias, por lo que al igual que lo hizo con Duarte, se podría recurrir al juicio abreviado una vez que sean detenidos.
Así lo indicó en conferencia de medios, Felipe Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Procuraduría General de la República (PGR), al referir que en audiencia intermedia, un juez de control decidió que fue ilegal la información que presentaron en el proceso contra Javier Nava Soria, el contador de Javier Duarte porque fue obtenida sin orden judicial.
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Señaló que esto no es un revés para la PGR sino para la ciudadanía ya que el juez fundo su decisión en el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le otorgo a Elba Esther Gordillo Morales, al considerar que la información financiera que obtuvo la PGR vulnera el derecho a la vida privada.
Muñoz Vázquez, recordó que este es el mismo criterio que hubiera aplicado en el caso de Duarte de Ochoa si no se hubiera optado por el juicio abreviado, “y seguramente hoy estaría libre vacacionando en Miami o con sus lentes”, explico.
En el caso de Nava Soria, dijo que el juez de control resolvió que fueran excluidas 11 documentales 12 testimoniales , y dos dictámenes periciales en materia de contabilidad, relacionadas, todas ellas, con la información financiera obtenida por el agente del Ministerio Público.
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En sus argumentos el juez de Control consideró que la información financiera allegada a la carpeta de investigación vulneraba el derecho a la vida privada de Nava Soria, por los planteamientos ya expuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que se requirieron y obtuvieron sin previo control judicial, siendo ello necesario para no vulnerar el referido derecho fundamental.
El juez de control, estimó que, no pudo adoptar una determinación diferente, pese a que el Ministerio Público de la Federación se ajustó en su momento a las disposiciones legales acordes a su actuar y al principio de buena fe, sin embargo, ello había quedado rebasado por el pronunciamiento del Máximo Tribunal.
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“El 9 de Noviembre de 2018, dándose continuidad a la audiencia intermedia y concluida la misma, en total para la Fiscalía de la Federación le fueron admitidas: 12 testigos, de los cuales ocho hablaran de 27 pruebas documentales aceptadas, dos pruebas periciales (contabilidad y valuación inmobiliaria), así como cuatro pruebas referidas como otros medios de prueba que lo son fotografías y tablas Excel, mismos que serán incorporados por testigos. La defensa ofreció 6 testimoniales, de la cuales cinco ya había ofrecido la Representación Social de la Federación en su escrito de acusación”, dijo.
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