La diputada federal del PRI, Paloma Sánchez, exhorta a que la Secretaría de Salud federal realizar un análisis de riesgo de violencia para el personal de salud en el territorio nacional, a fin de que las jurisdicciones sanitarias, delegaciones y secretarías de salud estatales, decidan en dónde resulta seguro enviar a los pasantes y al personal médico en general.
Pidió que se abstengan de hacerlo donde no existan condiciones, mientras se busque garantizar el bienestar de los doctores, dijo Paloma quien presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para condenar el asesinato del médico pasante Eric Andrade Ramírez, en Pueblo Nuevo, Durango, mientras realizaba su servicio social.
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Pidió realizar acciones urgentes encaminadas a resolver el problema de las desapariciones, mediante el fortalecimiento de la participación operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda y la instrumentación de medidas preventivas que respondan a las exigencias de los colectivos y familiares de las víctimas.
Señaló que en Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, permanecen desaparecidas 5 mil 531 personas y que el estado es el segundo con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas en toda la historia de México, con 1,750.
Además, Mazatlán se tiene un registro histórico de 1,202 personas desaparecidas, lo que hace del municipio el destino turístico con más desapariciones en todo el país, pues la crisis es evidente, pues sólo en los últimos cuatro años han desaparecido 550 personas en la ciudad.
Paloma destacó que Sinaloa todavía no cuenta con un plan integral de búsqueda e identificación ni un trabajo coordinado entre las instancias que deben garantizar los derechos de las víctimas.
Más de 20 colectivos de familiares en el estado han tenido que organizarse para llevar a cabo la tarea que el gobierno no ha podido cumplir, con mínimo respaldo de la Comisión Local de Búsqueda y la propia Fiscalía General del Estado.
En tanto, las legisladoras del PRI Frinné Azuara Yarzábal y Yolanda de la Torre, condenaron enérgicamente el cobarde asesinato del médico pasante el doctor Erick David Andrade Ramírez y de la médico anestesióloga Masiel Mexia Medina.
Reprobamos, también, todo acto de violencia y reafirmamos nuestra postura en defensa de la integridad de todos los médicos en el país, sobre todo en estos tiempos de crisis de inseguridad que sufre la población”, sostuvieron.
Además, exigieron a las autoridades correspondientes establecer mecanismos eficaces para proteger y garantizar la seguridad de todo el personal de salud que labora en las unidades médicas rurales del sector público.
“Es lamentable que en nuestro país no existan las condiciones para salvaguardar la integridad física de estos profesionales que prestan sus servicios en espacios alejados, en donde vive la población más marginada y vulnerable”, manifestaron.
Explicaron que, por lo anterior, no es rechazo ni falta de compromiso que los médicos no quieran aceptar contratos en estas regiones, ya que se debe a la omisión de las autoridades en el resguardo de su integridad. “¿Como pretende el gobierno que los médicos vayan a laborar a estas unidades inseguras arriesgando su vida?”.
Para los legisladores priistas, señalaron, los profesionales de la salud no deben seguir siendo víctimas de la inseguridad por las estrategias fallidas de este gobierno. Su vida está en riego ya sea para un pasante, enfermera, médico general o especialista, los están enviando no a cumplir con su vocación de servicio, sino a exponer su vida.
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