Las acusaciones que pesan sobre el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, atentan directamente contra el mito de incorruptibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el general Cienfuegos haya sido parte del gabinete de seguridad del peñismo, las estructuras que lo llevaron al mando de las fuerzas armada, y que a la postre heredó al actual secretario Luis Cresencio Sandoval, se mantienen.
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Es del dominio público que el general Cresencio Sandoval fue nombrado directamente por el presidente López Obrador y que no estaba incluido entre las recomendaciones hechas por Salvador Cienfuegos antes de dejar el cargo.
Sin embargo, la tropa permanece. La cabeza cambia pero el Ejército es el mismo. Precisamente su verticalidad es lo que le mantiene como una de las instituciones de mayor estabilidad dentro del Estado mexicano.
Y debe de ser así. Las fuerzas armadas no pueden estar sujetas a los vaivenes de las democracias y que en muchas ocasiones devienen en cambios súbitos de cuadros operativos y la consecuente pérdida de memoria institucional.
La impresión inicial del proceso en contra del general Cienfuegos podría parecer una victoria del lopezobradorismo en contra de "la corrupción pasada", como lo es el caso de Genaro García Luna a quien se le acusa de tráfico de droga y colusión criminal.
Pero en realidad la DEA acaba de meter en un brete al lopezobradorismo y el Presidente lo sabe.
Por órdenes presidenciales las labores del Ejército –"el pueblo uniformado" como le dice el Presidente– se han extendido más allá de las tareas de seguridad nacional.
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Lo tenemos construyendo los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, y buena parte del Tren Maya. Además, la base para la Guardia Nacional la constituyen elementos castrenses.
Hoy la Defensa Nacional se carga un presupuesto de 94 mil millones de pesos cuando las secretarías de Seguridad y Comunicaciones y Transportes tienen menos de 57 mil millones cada una.
Si Calderón y Peña convirtieron a los soldados en policías, López Obrador los hizo ingenieros y trabajadores sociales.
Por eso el Presidente no brincó como usualmente lo hace a condenar al general Salvador Cienfuegos en la hoguera mediática de las mañaneras.
"Hay que esperarnos, no se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores", dijo.
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Muy distinto al "es una derrota a un régimen autoritario y corrupto" que le recetó a García Luna cuando lo detuvieron.
Atendiendo a la presunción de inocencia del general, debemos esperar al dictamen de la corte neoyorquina que lo juzgará. Asimismo, es necesario el reconocimiento irrestricto del sacrificio que hombres y mujeres del Ejército han hecho para salvaguardar la integridad de los mexicanos durante estos años sangrientos a cambio de tan poco.
Pero el hecho de que los investigadores que han construido el caso en contra del general Salvador Cienfuegos son los mismos que investigaron a El Chapo hace pensar que las acusaciones tienen mérito.
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No son buenas noticias para la 4T, la cual deberá hacer una limpieza profunda de las Fuerzas Armadas en caso de existir una red vigente de protección a criminales.
El problema es que el gobierno se encuentra en la misma hoja de ruta que sus antecesores en cuanto a prioridades. En pleno ejercicio de pésimo timing político, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ha anunciado que deja los controles de la estrategia de seguridad para perseguir una gubernatura.
El lopezobradorismo azuzó el mito del Ejército como "incorruptible" y con base en eso se ha brincado procesos de licitación para asignarle obras, rebasado sus esferas de acción, e inyectado toneladas de dinero.
Por eso es que el Ejército y la 4T comparten destino.
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