El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro se ha ganado un lugar en los libros de historia mexicanos, el de la piedra en el zapato del Presidente Imbatido.
Con sus amparos y suspensiones provisionales concedidas, él es quien ha frenado dos de las más importantes acciones legislativas del morenismo en el poder: El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y la Reforma Eléctrica.
Hasta que empezamos a escuchar y leer su nombre México era el país de uno, el del presidente López Obrador.
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No es un secreto el estado vegetativo en el que permanece "la oposición partidista" durante el actual sexenio, sin ideas para oponérsele u apoyo popular para al menos estorbarle.
Los órganos autónomos, vapuleados desde el palco de las mañaneras, libran una batalla desigual para mantener su independencia y buen nombre, al tiempo que sus dineros se los envían desde la Secretaría de Hacienda.
Y en el Senado y Cámara de Diputados, ya lo sabemos, no se le mueve ni una coma a lo que se les manda aprobar desde Palacio Nacional.
No me sorprendería que de aquí en adelante el juez Gómez Fierro vaya a tener mucha chamba cada vez que una iniciativa de la 4T busque la luz del día.
Por eso mismo el papel del juez sin duda habrá de ser analizado.
Básicamente la argumentación de Gómez Fierro para dar la suspensión provisional a favor de un particular para no dar sus datos biométricos al Panaut fue que la existencia de este registro no asegura que la criminalidad vaya a disminuir.
Una lógica similar fue utilizada para frenar la Reforma Energética, en su opinión limitaba la competencia y afectaba al medio ambiente.
En un primer análisis, el fallo del juez cae en suelo fangoso pues esta misma argumentación podría darse para cualquier acción de gobierno.
El Nuevo Aeropuerto no asegura un mejor tráfico aéreo, el Tren Maya no asegura un repunte en el turismo, la Refinería de Dos Bocas no asegura la independencia energética y el crecimiento económico.
Claramente aquí hay un encontronazo entre la independencia del juez Gómez Fierro para deliberar y el derecho constitucional del Presidente de la República a tomar decisiones ejecutivas y hacer el gobierno que mejor le parezca.
Si el juez se ha extralimitado en los alcances de sus decisiones está por verse, no obstante su postura cobra relevancia cuando al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se le nota contento en su amistad con el presidente López Obrador.
Esta dualidad de conductas al interior del Poder Judicial de manera sorpresiva está encontrando réplica en el Poder Legislativo.
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Luego de que el presidente López Obrador buscase doblar la ley para que Zaldívar esté dos años más en el cargo se han hecho más patentes las divisiones al interior de Morena, con dos fuertes voces como las de Porfirio Muñoz Ledo y Pablo Gómez, entre otras, oponiéndosele.
Falta tiempo para saber el desenlace del enfrentamiento entre el juez Gómez Fierro y el presidente López Obrador así como con los disidentes morenistas, pero es una buena señal para la democracia de este país que el Presidente deba batallar al menos un poco para que se haga su voluntad.
Como aquí dijimos, por su bien el Presidente necesita una derrota; sentir que hay fuerzas que se le oponen dentro del sistema institucional que México ha construido –no sin errores– y que el morenismo ha ido dinamitando.
De nuevo, el Presidente tiene derecho a hacer gobierno, a lo que no tiene derecho es a imponer su voluntad sobre leyes, decoro y contrapesos.
Con su cerrazón el Presidente fue el que marcó la línea en la arena. Las partes se van acomodando de un lado y del otro.
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