Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De forma inicial, dicha iniciativa promovía, entre otras cosas, una reforma constitucional para que los consejeros electorales fueran elegidos por voto directo y se pudieran desmantelar a los institutos locales como el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
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Al requerir mayoría calificada, Morena no logró conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral, por lo que el presidente López Obrador promovió una iniciativa que modificaría las leyes General de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial; además, la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Con mayoría simple, Morena logró aprobar en fast track dichas modificaciones, aunque por las reservas presentadas por los legisladores, primero entraron en vigor las reformas a la Ley General de Comunicación Social y en la Ley de Responsabilidades Administrativas, mismas que hoy fueron invalidadas por un proyecto que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó al Congreso de la Unión que la aprobación de la primera parte del Plan B fue bajo violaciones en el proceso legislativo.
Previamente, la Corte recibió diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y partidos de oposición que fueron turnadas al ministro, quien concedió un decreto para que el Plan B no se aplicara en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.
Ante esto, Presidencia y ambas Cámaras, promovieron recursos de reclamación contra la suspensión, pero la Segunda Sala desechó el proyecto con solo dos votos a favor y tres en contra.
Puesto que el primer paquete de las reformas entró en vigor y posteriormente fue impugnado, se envió para su resolución este lunes, luego de que la SCJN desechara una serie de peticiones por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CEJF) en el que pidió resolver una acción de inconstitucionalidad del año 2018.
El segundo paquete del Plan B de López Obrador también ha sido impugnado por diversos congresos estatales, órganos electorales locales y partidos de oposición, este proyecto, está a cargo del ministro Javier Laynez Potisek quien también estima que la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión podrían violar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, por lo que concedió la suspensión solicitada por el INE.
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Una de las cláusulas que ya fue desechada de este segundo paquete, es la de "vida eterna”, que permitía la transferencia de votos a los partidos que estuvieran en riesgo de perder su registro en elecciones.