El Poder Judicial de la Federación frenó la designación del titular de la Procuraduría Federal del Contribuyente (Prodecon) que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo promovieron un juicio de amparo y el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, dictaminó suspender de manera definitiva el proceso de designación del titular de Prodecon.
Las organizaciones de la sociedad civil expusieron que la terna que integran Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza propuesta por el Presidente el 3 de junio pasado, no cumplen los requisitos, ni tienen la experiencia fiscal para ocupar el cargo.
Con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señalaron que para ser titular de la Procuraduría es necesario contar con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos cinco años.
Juan Carlos Pérez Góngora, Presidente de México Justo y firmante del juicio de amparo, señaló que el presidente López Obrador fue mal asesorado sobre la función de la Prodecon porque además de defender debe exigir al contribuyente cumplir con sus obligaciones.
“La suspensión definitiva que dictó el Juez de Distrito obedece a la necesidad de contar con una procuraduría verdaderamente autónoma del gobierno federal que sea capaz de defender los derechos de los contribuyentes sin apego a interés político alguno. Los requisitos con los que debe cumplir el nuevo titular de este importante organismo deben respetarse a cabalidad, de lo contrario se haría nugatoria su misión y su razón de existir.”, afirmó el presidente de Presidente de México Justo.
Afirmó Pérez Góngora, que el Senado no debe meter mano hasta que se vea el acto y se cumpla con la ley, “son tres currículums que vieron en menos de 10 minutos y es fácil saber que no cumplen con los requisitos”, subrayó.
Gerardo Carrasco de MCCI invitó a las autoridades a respetar la decisión judicial y proponer a candidatas y candidatos que cumplan con los requisitos y atienda la visión de la Prodecon, “que es velar por los intereses de las personas que pagamos impuestos”.
La resolución del Juez de Distrito advierte a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de tres a nueve años.
Martha Patricia Jiménez Oropeza y Alberto Puga Bolio son funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no cuentan con el requisito de los cinco años de experiencia fiscal.
En tanto, Ricardo Rodríguez Vargas, tiene una restricción legal, debido a que a principios de junio dejó el cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la ley prohíbe haber sido titular de alguna entidad del gobierno.
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