La Coalición Va Por México, que integran los partidos políticos PRI, PAN y PRD, anunció que solicitará la nulidad de las elecciones a gobernadores en cuatro entidades de la República, debido a la intervención del crimen organizado y del Estado con propaganda oficial, además de rebases de topes de gasto en campaña.
Asimismo, emplazaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no sea omiso y ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue los casos de intervención de criminales en la contienda electoral.
Señalaron que los recursos de impugnación electoral ya están en curso ante tribunales electorales y esperan que para agosto se resuelvan estos casos.
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De acuerdo con los líderes políticos de estos partidos, Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD), están solicitando anulación de las elecciones en:
- San Luis Potosí.
- Michoacán.
- Campeche.
- Guerrero: principalmente, por la intervención del crimen organizado en favor de Morena y el Partido Verde.
Subrayaron que la jornada electoral fue la más violenta de la historia y se registraron más de 900 carpetas de investigación por estos hechos. Además, señalan que lo más grave de este proceso electoral no fue que el Presidente "metió las manos" en la elección, sino que la delincuencia apoyó a Morena.
En su oportunidad, el panista Cortés Mendoza manifestó que piden la anulación en San Luis Potosí, donde ganó el candidato verde Ricardo Gallardo, debido a la intervención del crimen organizado y subrayó que en ese estado hubo rebase de topes de campaña de parte de Gallardo, además se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales.
Intervención de influencers
Incluso, recordó que hubo intervención de influencers, por lo que aseguró que no tiene duda que hay causales para anular la elección en la entidad.
Cortés subrayó que su equipo jurídico tiene acreditado un rebase en los gastos de campaña de parte del Partido Verde superior al 24%, que equivale a más de 7 millones de pesos. Asimismo, hizo un llamado para que el Presidente deje su pacto con los criminales.
En su oportunidad, Jesús Zambrano, líder nacional perredista, anunció que están pidiendo la anulación de elección en Michoacán debido a que hubo "embarazo de urnas" y amedrentamiento y agresiones de parte de criminales en las regiones de Tierra Caliente, Michoacán, principalmente, donde Morena ganó 13 de 15 municipios y precisó que en esa zona se generaron los votos que hicieron la diferencia para que ganara Morena.
Por ello, Zambrano alertó que con Morena se corre el riesgo de que se genere un "narcogobierno" en Michoacán, como ocurrió entre los años de 2011 a 2015, cuando gobernó de facto Servando Gómez “La Tuta”.
Agregó que existen 86 denuncias en Michoacán sobre la manera que se ejerció violencia contra candidatos y funcionarios electorales.
Finalmente, el líder priísta Alejandro Moreno señaló que en los estados de Guerrero y Campeche se dieron una serie de anomalías que también son causa de nulidad electoral.
Dijo que en Campeche hubo una flagrante intervención de la Iglesia, violando el mandato constitucional que impide que esta institución intervenga en los procesos comiciales, y también mencionó que se dio de manera intensa la difusión de propaganda de los programas sociales de parte del Gobierno federal.
“Existió una clara intervención (de la Iglesia) a favor de los candidatos de Morena en esta entidad federativa, la intervención del Ejecutivo federal abiertamente mediante la difusión de propaganda gubernamental y programas sociales en los periodos de campaña, incluso hubo visitas dos días antes de la jornada electoral, estuvo la presencia del titular del Ejecutivo federal en esta entidad, por lo cual se solicita la nulidad de esa elección para concurrir a una elección extraordinaria”, dijo Moreno Cárdenas.
Puntualizó que hubo violaciones a los principios de la ley electoral que radican y destacó que en Campeche la diferencia entre los tres primeros lugares fue menor a 5 puntos.
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En el caso de Guerrero, denunció que hubo intervención de grupos criminales y también se usaron los programas sociales del Gobierno federal como recurso de coacción del voto, por lo que ya fue presentada la impugnación.
“Hubo una intervención sistemática en la elección con los programas sociales y modificación en actas electorales”, reprochó.
Añadió que “hubo una participación abierta de parte de la delincuencia organizada, donde el gobierno de la República tuvo una intervención brutal”.
Aunque mencionó que no son los únicos estados donde se dieron actos de violencia e intimidación electoral, también dijo hay evidencia que en Sinaloa se dieron diversos actos criminales y subrayó que “es obligación del Gobierno federal investigar para castigar la intromisión abierta” tanto de criminales como de funcionarios federales.
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