Ante la escasez de agua en el país y la proliferación de personas que comienzan a lucrar con el líquido, el grupo parlamentario de Morena propuso una reforma al Código Penal Federal, en materia de Delitos Contra el Servicio Público del Agua Potable para castigar a quien busque obtener beneficios económicos
La iniciativa de la diputada María Gudalupe Roman propone aplicar penas que van de dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 días —es decir hasta 49 mil 786 pesos—, para quien distribuya agua potable sin permiso de la autoridad.
También plantea la iniciativa morenista que se aplique penas de uno a tres años y de 25 a 100 días de multa —cerca de 25 mil pesos—, a quien extraiga agua de una fuente de abastecimiento distinta a la autorizada.
Además, plantea de 2 a 6 años de cárcel y multa de 50 a 200 días de multa, para quien, sin justificación altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio.
Otra, reforma dentro de la iniciativa plantea que se castigue con pena de dos a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días de multa—es decir hasta 74 mil 679 pesos—, al propietario o arrendador de algún predio donde exista una toma que sustraiga o se apropie de agua potable de la infraestructura hidráulica.
Precisamente, El Sol de México informó este martes en su primera plana que el Crimen Organizado en la Ciudad de México diversificó sus actividades ilícitas y comenzó a controlar pozos de agua para lucrar con el líquido ante la escasez, en alcaldías como Tlalpan e Iztapalapa.
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De acuerdo con información obtenida por este diario, hay grupos del crimen organizado, en asociación con lugareños, controlan varios pozos de agua en las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa y para combatirlos el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) tuvo que llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Guardia Nacional, entrar de noche a los sitios y cerrar las tomas.