La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y retomada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, busca que los altos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) como ministros, jueces y magistrados, sean electos por voto popular.
El debate alrededor de esta propuesta se avecina en los próximos meses luego de que, tras las elecciones del pasado 2 de junio, el Congreso de la Unión contará con mayoría de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
La iniciativa plantea cambiar el formato de elección de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de tribunales y juzgados.
“Las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los magistrados del TEPJF serán electos por voto popular”, expone el documento enviado por el primer mandatario.
En el caso de la Suprema Corte, la reforma plantea reducir el número de ministros que la componen: se busca pasar de 11 a nueve, todos electos por voto popular. Cada uno duraría 12 años en su encargo –tres menos que en la actualidad– y su salario no podría ser mayor al que recibe el Presidente de la República.
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Campaña de aspirantes al PJF no tendría financiamiento
Para la elección de cada ministro, las personas votarán por ellos cada tres años en la misma jornada electoral en la que se eligen diputados federales, senadores y nuevo Presidente. Sin embargo, en el lapso de la campaña únicamente podrían participar en foros organizados por el Poder Judicial y compartir sus posturas en radio y televisión. Ello sin financiamiento público ni privado, ni la intervención de partidos políticos.
Ante esta prohibición de financiamiento público y privado, el especialista en temas jurídicos, Luis Tapia, advirtió que con esas regulaciones sería muy complicado hacer campaña y que la ciudadanía sepa quienes son los candidatos a ocupar un puesto en el Poder Judicial.
"Ese conocimiento va a ser menor porque habrá muy pocas condiciones para poder hacerse publicidad”, sostuvo.
La SCJN, autodenominada como guardiana de la Constitución, “garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.
En los últimos años las y los 11 ministros que integran la Corte resolvieron temas como la despenalización del aborto en todo el país o el derecho a recibir tratamiento contra el cáncer de forma ininterrumpida y sin retrasos.
También han resuelto temas como que las omisiones de la autoridad en materia de protección al ambiental y los mantos acuíferos vulneran el derecho humano a un medio ambiente sano; la determinación de que todas las entidades cuenten con Fiscalías especializadas en tortura y tratos inhumanos; el derecho a las mujeres de decidir sobre su gestación; o la posibilidad de deducir gastos en comprobantes fiscales.
Aspirantes dejarán de presentar exámenes
Con la reforma en puerta, las y los candidatos a ocupar una silla en la Suprema Corte serán propuestos por los tres Poderes de la Unión: el Presidente de México propondrá 10 candidatos; el Senado y la Cámara de Diputados propondrán 10 candidatos más, y el Poder Judicial, otros 10 candidatos. Además, los requisitos para ser candidato se establecen en la Constitución y en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
La situación es similar para magistrados del Tribunal Electoral, quienes se encargan de resolver todas las impugnaciones a candidaturas, sanciones a partidos políticos y elecciones.
En el caso de las y los jueces de distrito, así como magistrados, existirá un cambio en la forma de acceder a dichos cargos. Actualmente, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, se requiere entrar a un concurso de oposición y aprobar tres diferentes exámenes para conseguir ser alguno de estos cargos en el PJF.
“En principio habría que despedir a más de mil 600 magistradas, magistrados, jueces y juezas a nivel federal. Todas estarían puestas a la voluntad popular mediante el voto”, alerta el abogado Luis Tapia, también profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial, en entrevista con El Sol de México.
“La que fueron elegidos ya no va a ser el mérito o el hecho de que hayan o no aprobado un examen, sino que la gente los haya votado en las urnas. Ese será el método y eso es problemático”, indicó Tapia, graduado por la Universidad de Leyes en Washington.
“En el día a día uno esperaría que su juez o jueza sepa de derecho y sepa cómo resolver casos, y eso (un esquema de meritocracia) casi no está establecido en la reforma. Ciertamente hay un filtro, pero será político, no de mérito”, comentó el especialista.
Por su parte, Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, consideró que se perdería la tradición judicial en México que proviene desde la tradición grecorromana.
Además, enfatizó que en el continente no hay ningún precedente similar en donde los jueces sean electos por voto popular, salvo en Bolivia, donde los resultados no han sido los esperados.
“No hay un precedente cuando menos en nuestro sistema jurídico (...) hay un intento en Bolivia que fracasó rotundamente, pero no hay un antecedente exitoso que haya dado pie a un sistema jurídico en el mismo sentido no que haya sido exitoso y que sea funcional”, apuntó.
Elección popular de funcionarios judiciales condicionaría su actuar, advirten expertos
Salanueva resaltó que la reforma busca que los juzgadores agraden a la ciudadanía y no obstante, señaló que la justicia no necesariamente obedece a la voluntad popular.
“Cuando se resuelve un asunto judicial evidentemente se falla en favor de una u otra parte y la que queda con un fallo desfavorable, pues naturalmente siente una animadversión por el juez. Eso es natural y de pretender que por esa función se elijan por voto popular, pues es absolutamente un despropósito”, dijo.
Señaló que el mayor impacto social es que los juzgadores resuelvan asuntos sin contemplar la técnica; “que el juez debido a esa a ese objetivo de agradar a la ciudadanía no resuelva con una perspectiva de justicia sino con una perspectiva de popularidad”.
“Eso es sumamente grave. Las leyes no están hechas para eso, las leyes las leyes están para dar la razón a quien la tiene y no para tener contenta a la mayoría de la población”, sentenció
Los Juzgados de Distrito son la primera instancia a la que acude la ciudadanía para resolver conflictos y controversias ante diferentes autoridades, incluido el Estado.
Su principal función es dar conocimiento de dichas problemáticas que se susciten con motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales en las materias civil, penal y administrativa, así como la resolución de juicios de amparo en temas como divorcios, pensiones alimenticias, despidos injustificados, faltas de pago, violación de contratos, alguna investigación penal infundada, carencias en el acceso a la salud, entre otros temas.
Los Tribunales Colegiados son quienes albergan a las y los magistrados, y su tarea es la resolución de conflictos que no pudieron ser resueltos en la primera instancia (juzgados) dada su complejidad, además de atender juicios de amparo directo contra sentencias.
A estos organismos judiciales acude la ciudadanía para solicitar protección jurídica en casos donde se haya dictado una sentencia penal y se considere que existieron violaciones al debido proceso o faltas a los derechos humanos durante el juicio.
Con los cambios planteados en la reforma judicial, alertó Tapia, “las personas que en principio no acceden a la justicia no van a poder hacerlo con este método (...) Es un error que la crisis del PJF se pueda resolver al cambiar la forma de elegir a los jueces”.
“Tenemos un sistema judicial que es un autobús en crisis, y para resolver el problema cambiarán a los chóferes (...) Lejos de resolver el problema, lo va a profundizar. Esta idea de que ser elegidos por voto popular acabará la corrupción es una mentira”, agrega el abogado constitucional.
De acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador todas las personas que actualmente son ministros, jueces y magistrados dejarán su cargo el día en que tomen posesión los nuevos ministros, jueces y magistrados, ya elegidos por voto popular.
Además, si la iniciativa se aprueba, los 32 estados del país tendrán que establecer mecanismos similares en sus constituciones locales, con lo que jueces y magistrados también serían electos a partir del voto de las personas.
La reforma judicial plantea que una vez que entre en vigor se tendrían que realizar elecciones extraordinarias para sustituir a todos los titulares del Poder Judicial de la Federación.
La apuesta de la iniciativa es que, si se aprueba en septiembre, dichos comicios se realicen el primer domingo de junio de 2025 y estarían a cargo del INE. Sin embargo, las elecciones subsecuentes serían organizadas por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el organismo electoral que se propone crear a partir de la reforma electoral presidencial.
Por otro lado, la reforma judicial considera eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que se encarga de organizar el funcionamiento –a nivel federal– de jueces y magistrados, así como de vigilar y disciplinar el funcionamiento del Poder Judicial.
Para sustituirlo se propone la creación de un órgano de administración judicial para temas de administración y organización, así como un Tribunal de Disciplina Judicial para establecer sanciones al interior del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal de Disciplina Judicial también tendría la facultad de recibir las quejas de las personas que pretendan denunciar un posible hecho de corrupción o cualquier irregularidad relacionada con algún juez, magistrado o ministro.
En total son más de mil 600 cargos al interior del Poder Judicial, entre ministros, jueces y magistrados, cuya elección estaría en manos de la ciudadanía a través del voto.
Aunque la iniciativa de reforma fue propuesta por el presidente López Obrador, las propuestas de modificaciones al Poder Judicial fueron retomadas por Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa en su proyecto de gobierno.
