El “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral propone compactar áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar dos fideicomisos, reducir órganos distritales y poner candados para que los consejeros electorales no ganen más que el Ejecutivo.
El ahorro con las modificaciones, de acuerdo con el documento, sería de 3 mil 605 millones 624 mil 298 pesos.
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El documento entregado hoy en San Lázaro por el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y que se discutirá después de la reforma electoral constitucional -que la oposición vaticinó será desechada-, propone, entre otras cosas, modificar el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los consejeros electorales no justifiquen sus altos salarios bajo la excepción de “especialización” o “trabajo técnico calificado” y ganen más que el presidente.
Los cambios a la estructura del INE son fusionar las direcciones de Organización Electoral y Capacitación y Educación Cívica para dar paso a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, tal y como adelantó el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, la semana pasada.
Las direcciones de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional se compactan para formar la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional; la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica se fusionan para crear la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral.
La Unidad Técnica de Fiscalización se convierte en Dirección Ejecutiva, la Unidad Técnica de Servicios de Informática se incluye en la Dirección de Administración y de Servicio Profesional Electoral, y las funciones de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL pasan a ser parte de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.
El Comité de Radio y Televisión es absorbido por la Comisión de Prerrogativas.
La reforma también propone reducir los órganos distritales de 300 a 260 durante época no electoral y en tiempo de comicios regresarlos a su totalidad, es decir, 300 para cumplir con las funciones del Instituto.
En cuanto a los Órganos Públicos Locales (OPLE), la iniciativa plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario y se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.
Por otro lado, se propone la eliminación de dos fideicomisos: el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral que cuenta con 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en en este año reporta un saldo de 40 millones de pesos; los recursos tendrían que regresarse al erario público.
Justicia Electoral
En cuanto a la justicia electoral, se propone la eliminación de dos salas regionales y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, absorbiendo las funciones de ésta última la Sección Resolutora de la Sala Superior del TEPJF.
Se permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y TEPJF respecto a los dichos de funcionarios que podían considerarse propaganda y hacerlos acreedores a sanciones.
A través de la adición de la fracción VIII Bis de la Ley General de Comunicación Social se establece que “no constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Así también, se modifica el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que los dichos de los funcionarios no los afecten en los procesos electorales.
“A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”, se lee en la propuesta de adición.
Los cambios no serán aplicados en las elecciones de Coahuila y Estado de México de 2023 sino hasta las elecciones de 2024.
