La agrupación Que siga la Democracia deberá pagar una multa de 500 mil pesos por aportar 14 mil 940 firmas de apoyo para la revocación de mandato correspondientes a personas fallecidas, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la asociación el 30 de marzo de 2023.
Por mayoría de votos, los magistrados desecharon la impugnación que la agrupación presentó en contra de la decisión del INE, pues determinaron la existencia de las faltas denunciadas.
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“La asociación sí es responsable de la entrega de la información falsa a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores porque con independencia de cómo obtuvo los apoyos declarados como falsos, al tratarse de personas dadas de baja del Padrón Electoral por defunción, los promoventes son sujetos responsables de entregar los formatos de apoyo que se verificarán y contabilizarán para alcanzar el umbral que se requiere para iniciar el proceso de revocación de mandato”, explicó la ponencia de la magistrada Mónica Arali Soto.
El acuerdo del INE fue modificado en lo que refiere a que la agrupación y su presidenta, Gabriela Jiménez Godoy, publiquen un extracto de la resolución en la página y redes sociales de ambos, pues la Sala Superior determinó que no se justifica la imposición de sanciones distintas a las que prevé la normativa electoral.
TEPJF confirma registro de Que siga la Democracia
El Tribunal Electoral también decidió confirmar el registro de Que Siga la Democracia como asociación política nacional.
El PRD solicitó que se le retire el registro a la asociación por haber aportado firmas de personas fallecidas al ejercicio de revocación de mandato; sin embargo, los magistrados determinaron desechar el recurso al determinar que las faltas se cometieron antes de obtener su carácter como asociación política nacional.
La magistrada Janine Otálora se pronunció por retirar el registro, pues dijo que a las asociaciones políticas nacionales se les exige el principio de “buena fe”, requisito que dijo no cumple Que siga la democracia.
“Una asociación civil que ha cometido fraude a la ley en un proceso democrático, en este caso de revocación de mandato, está por ende impedida para obtener su registro como agrupación política nacional, estas son las razones que me llevan a votar en contra del proyecto”, expresó.
El resto de magistrados coincidió con el criterio de que la agrupación cometió las faltas antes de su registro y por ende no puede perderlo. La magistrada Mónica Arali Soto precisó que para obtener un registro no se coteja si en el ejercicio de revocación de mandato se presentaron firmas de personas fallecidas.
“No le asiste la razón al partido porque no existía la obligación de cotejar las firmas del proceso de revocación con el de registro, sino únicamente de verificar la situación registral de las personas, cuyos datos fueron captados a través de los distintos medios electrónicos y físicos con base en el padrón electoral vigente al 31 de enero de 2023, lo que descarta cualquier posibilidad de que los apoyos provengan de un padrón distinto”, explicó.
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