El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación publicó esta tarde en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el decreto presidencial y acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de hace 56 años constituyó en un crimen de lesa humanidad.
“Que la matanza perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco fue fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta al más alto nivel del Gobierno Federal, tal y como fue reconocido por el entonces Presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas, Gustavo Díaz Ordaz”, dice el acuerdo.
"Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, dijo el expresidente de México, Díaz Ordaz durante la lectura de su quinto informe de gobierno.
En la primera conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció a nombre del Gobierno de México, una disculpa pública por el asesinato de jóvenes estudiantes la noche del 2 de octubre.
"Como gobierno de la transformación reprobamos la violación de derechos y los crímenes perpetrados hace 56 años, y por ese motivo se ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o fueron víctimas del crimen de lesa humanidad cometido la noche del 2 de octubre. Estos no pueden volver a repetirse”, dijo Rodríguez.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial destaca que las acciones del entonces gobierno priista en contra del movimiento estudiantil tuvo como propósito: reprimir y destituir a un grupo de estudiantes que en poco tiempo cobraron una fuerza social capaz de poner en cuestión la estructura del Poder mexicano.
“Fue un auténtico crimen de lesa humanidad, por el uso de las fuerzas del Estado contra un sector de la población. Un acto ajeno por completo a la soberanía popular y a los fines éticos y constitucionales inherentes al ejercicio del Poder Público; crimen que confirmó la plenitud de un régimen autoritario dispuesto a seguir manteniendo incólume un sistema de dominación y hegemonía ideológica, política y social”, expone el acuerdo.
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El decreto asegura que quedan a salvo los derechos de los familiares de las víctimas y exintegrantes del movimiento para promover acciones de justicia, de memoria histórica y de no repetición.
“Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre era profesora del IPN, ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes”, comentó Sheinbaum al respecto.