Respaldado por la mayoría de los consejeros electorales, Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, fue reelegido para presidir el cargo seis años más.
La reelección anticipada se da dos meses antes de que concluya el periodo de estancia de Jacobo Molina, quien fue designado en abril de 2014.
El tenso debate generado durante la sesión extraordinaria del órgano electoral, fue puesto sobre la mesa por el consejero Roberto Ruiz Saldaña quien señaló que apresurarse a tomar esta designación, sustrae de la decisión a los cuatro consejeros que llegarán el próximo cuatro de abril, funcionarios que serán designados por el Congreso de la Unión, que tiene como mayoría calificada a Morena.
Refiriéndose a Córdova Vianello, Saldaña externó, que no es digno de quien se dice Consejero Presidente del INE traer a sesión un asunto de extrema importancia solo por consideraciones políticas, porque eso que usted señaló en su primera intervención, no es en realidad lo que usted ha sostenido”, expuso.
Bajo este contexto, la sesión extraordinaria y con los votos de ocho consejeros a favor y tres en contra, correspondientes a José Ruiz Saldaña, Pamela San Martín y Adriana Favela, Edmundo Jacobo fue respaldado por la mayoría de los presentes en el Consejo General.
Como único punto de la orden del día, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello dijo que designar por un par de años más a Edmundo Jacobo es una decisión que abona eficacia operativa de los procesos democráticos.
Luego de la reñida discusión, el consejero del poder legislativo de Morena, el diputado, Alejandro Viedma, advirtió que impugnará la decisión tomada por la mayoría de los Consejeros.
Cabe destacar que para el mes de abril ya debe haber nuevos consejeros, situación que cambiaría la correlación de fuerza al interior del Consejo General.
11 años en el poder y defiende su salario
Jacobo Molina lleva 11 años en el cargo, desde 2008, cuando aún existía el Instituto Federal Electoral y es conocido por defender los supersalarios en INE ante la austeridad republicana que mandata el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario presentó desde el 2 de enero una demanda de amparo, para impugnar el posible y eminente procedimiento de responsabilidad que pudiera entablarse en su contra por la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo, al pagar salarios superiores a los establecidos en el paquete presupuestal.
Para el 13 de enero interpuso un juicio de amparo contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la ley de Austeridad Republicana y contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.
Además, solicitó la suspensión de cualquier sanción administrativa o penal de los actos reclamados, es decir, entre otros, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política mexicana, así como del Código Penal Federal.
El funcionario electoral reclamaba que la normatividad altera sustancialmente el sistema de remuneraciones de los servidores públicos y en consecuencia, las funciones como servidor público.
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