El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados en la que propone sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), además de eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales y reducir el financiamiento a partidos políticos.
Ayer, durante la conferencia mañanera, Horacio Duarte, titular de la Agencia de Aduanas de México, explicó que uno de los objetivos de esta reforma es reducir el costo de la democracia en nuestro país.
“Se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional, que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país”, dijo el funcionario, quien fue el representante de Morena en el INE en el proceso electoral de 2018.
Para lograr estos ahorros, la iniciativa propone cambios radicales al sistema electoral. El primero de ellos es que el INEC sea el organismo encargado de realizar todas las elecciones del país, por lo que desaparecerían los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Además se reducirían de 11 a siete los consejeros electorales.
También propone desaparecer los tribunales electorales en los estados, por lo que todo lo referente a justicia electoral quedaría en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de pesos, porque también se van a terminar las duplicidades”, justificó López Obrador.
Otro de los cambios de la reforma que presentó el Ejecutivo federal es el procedimiento para elegir a los consejeros y magistrados electorales. Actualmente su elección está a cargo de los legisladores federales, quienes escogen sobre ternas de candidatos con perfiles para ocupar los cargos, pero de aprobarse la iniciativa del Presidente sería mediante el voto popular.
“Elección de consejeros y de magistrados electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión”, dice la presentación de la reforma.
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La iniciativa plantea otros cambios que afectan al Poder Legislativo federal, a los Congresos estatales y a los cabildos.
“En el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a sólo 96 representantes en esta Cámara.
“En el caso de los Congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerán rangos: mínimo 15 y máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas”, dijo Horacio Duarte.
En lo que respecta a los cabildos, también se pondrá un límite de hasta nueve regidores, dependiendo el número de habitantes por ayuntamiento.
Para definir cuántos legisladores o regidores le corresponde a cada partido, se propone una fórmula para que el número se defina dependiendo del porcentaje de votos, y no por victorias en distritos electorales como pasa actualmente.
La reforma también tocaría a los partidos, a los cuales se les reduciría su financiamiento público. López Obrador propone eliminar su presupuesto público para actividades ordinarias y sólo se les dejaría recursos para las campañas electorales.
Bajo el sistema actual, el financiamiento ordinario público de los partidos se obtiene de una fórmula marcada en el artículo 41 constitucional, que es multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En caso de que haya elecciones federales, se suma una tercera parte de esta cifra para destinarlo a campañas.
En 2022, año sin elecciones federales, los partidos recibieron cinco mil 821 millones de pesos de la Federación, eso sin contar el presupuesto estatal al que tienen derecho.
También se propone cambiar las reglas de la propaganda electoral al reducir los tiempos oficiales de radio y televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.
Finalmente, se plantea reducir a 33 por ciento la participación de los ciudadanos para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
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