El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de ley para reducir en 50 por ciento el financiamiento público que reciben los partidos políticos, a fin de terminar con los “incentivos perversos” para la corrupción.
La propuesta reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política y se pone de relieve que en México la política ha estado marcada por la ausencia de sobriedad, el derroche y la opulencia.
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“Para este año a los institutos –electorales- les fueron asignados recursos que ascendieron a $6,745’936,684 (seis mil setecientos cuarenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos), para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas.
A lo que se sumaron $42’963,332 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos) como financiamiento público para gastos de campaña del Conjunto de Candidaturas Independientes.
En la exposición de motivos de su proyecto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política destaca que la voluntad mayoritaria de la población mexicana expresada de manera contundente en las urnas, “nos exige una transformación profunda de nuestra realidad y sentar las bases de una nación más próspera y equitativa, en la que las oportunidades de desarrollo no estén reservadas sólo a unas cuantas personas”.
Indica que una de las áreas en las que el dispendio en el uso de recursos públicos se expresa con mayor crudeza, es en el financiamiento que se asigna a los partidos políticos.
Monreal Ávila asevera que los recursos que se otorgan anualmente a los partidos políticos son claramente excesivos y no corresponden con la difícil situación económica y social que vive el país.
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Advierte que los partidos han desvirtuado su papel como entidades de interés público y como organizaciones ciudadanas que deben promover la participación.
Igualmente, afirma que la abundancia en dinero y la capacidad de dispendio del que han gozado los partidos políticos tradicionales y sus burocracias en las últimas décadas, han impulsado la consolidación de una estructura oligárquica que, de forma equivocada entiende la representación política como una oportunidad de capturar los recursos del Estado.
Bajo este escenario entre la población se ha consolidado una percepción negativa de los partidos políticos, los cuales tienen un nivel de desconfianza del 82 por ciento según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el INEGI.
