Los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos y Jalisco presentan un muy alto riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones que tendrán lugar el 2 de junio, advierte el primer reporte de violencia política elaborado por Integralia Consultores.
Muestra del riesgo es que de los ocho asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular que reporta Integralia desde el inicio del proceso electoral, siete ocurrieron en estados con muy alto riesgo de intervención del crimen y en los siete casos se trató de aspirantes a un cargo local como presidencias municipales.
El que sean de orden local la mayoría de los cargos a los que aspiraban los personajes asesinados se debe, según el reporte de la consultora, a que grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos como la colaboración de policías para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades y neutralizar a sus rivales.
Por lo anterior, Integralia alerta que la celebración de elecciones a presidencias municipales es un factor de riesgo para la intervención del crimen organizado, pues los grupos necesitan a los gobiernos que pueden ofrecerles mayor impunidad a nivel territorial y tan sólo en el actual proceso electoral se renovarán mil 902 presidencias municipales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
También el reporte señala que municipios estratégicos para el crimen organizado con alta competitividad electoral son un riesgo, porque los grupos criminales intervienen en procesos en donde sus candidatos se encuentran en riesgo de perder la elección.
Otros factores que hacen probable la intervención del crimen organizado en las entidades antes mencionada, según el reporte, son la presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico, porque se interesan en territorios en donde pueden hacer negocios muy rentables; grupos criminales en conflicto armado, porque necesitan coptar gobiernos para inclinar la balanza a su favor; estado de derecho débil porque avanzan en donde existe menor resistencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por otro lado, los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas presentan un riesgo alto de intervención de grupos delictivos, mientras que Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit. Querétaro y Yucatán registran un riesgo muy bajo de intervención.
Integralia Consultores indica que es posible reducir los riesgos de violencia político-electoral para los funcionarios públicos, aspirantes y partidos políticos en el mediano plazo, sin embargo, destaca que en la actualidad las instituciones de seguridad pública y los tribunales judiciales, carecen de las capacidades para frenar significativamente la intervención del crimen organizado en las elecciones.
La consultora sugiere como ideas para recuperar la soberanía en los territorios que todos los niveles de gobierno acepten que el crimen organizado ya manda en varios territorios e incluir el tema en sus agendas; que el estado mexicano asuma la responsabilidad de combatir a los grupos criminales con eficacia, no sólo a través del fuerza militar, sino también cortando todas sus fuentes de ingresos, desarticulando sus sistemas de inteligencia y quitándole sus bases sociales; y desalentar la intervención del crimen organizado en las elecciones a través de la flexibilización de la carga de prueba para anulación de elecciones.
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