El Senado de la República, tras diez horas de debate, aprobó en lo general y en lo particular, la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que establece que la nueva Fiscalía será un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con lo que desaparece la PGR. El documento fue enviado a la Cámara de Diputados.
En lo general, la votación fue de 70 a favor, 47 en contra y cero abstenciones; en lo particular 61 a favor, 37 en contra y cero abstenciones.
El aval mayoritario –Morena, PT y PES- en lo general y lo particular, no significó cambios importantes a las más de 50 reservas presentadas, por lo que la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia.
Después de que la minuta se discuta en la Cámara de Diputados, el nombramiento del Fiscal General estará sujeto a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución.
La Ley Orgánica establece que el titular de la Fiscalía sólo podrá ser removido por el Presidente de la República por incumplir de manera reiterada los fines institucionales; por participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución.
La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías Especializadas: en Materia de Derechos Humanos; en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción; y de Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General.
La aprueban en lo general
El Pleno del Senado de la República aprobó con 70 a favor, 47 en contra y cero abstenciones, el dictamen en lo general y los artículos no impugnados, que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que desaparece a la PGR y en su lugar crea la Fiscalía General de la República.
En tribuna, la oposición del PAN, PRI y PRD lo repitió una y otra vez: es un engaño, no hay autonomía e independencia cuando hay remoción directa del Fiscal General de la República por el Ejecutivo; un modelo subordinado al poder político.
Vino la respuesta de Morena, por el senador Rubén Rocha Moya, quien destacó que la oposición “está luchando por quitarle la relación al Fiscal con un poder del Estado; cuando eso ocurra el poder fáctico de los criminales y del dinero va a poder empujar al Fiscal para que elabore alguna acusación al Presidente, de corrupción y con ello conducir a un probable golpe de Estado desde la Fiscalía’’.
Al presentar el dictamen, el senador Julio Menchaca Salazar dijo que se recoge el reclamo del pueblo mexicano, de tener un órgano de procuración de justicia accesible, transparente, eficaz, creíble, para combatir la impunidad.
La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero se pronunció por restaurar el Estado de derecho, por lo que exhorto aprobar el dictamen e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General, nombramiento ajustado a los principios establecidos en la Constitución vigente.
“La convocatoria sellará por los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana e igualdad y no discriminación, estableciendo los requisitos de elegibilidad, así como las causas graves para su remoción’’, explicó del documento que consta de 64 artículos y 20 transitorios.
Sin embargo, el senador sin partido Emilio Álvarez preguntó: ¿cómo se va a hacer realidad quitar el fuero si el Fiscal General es un empleado del Presidente?; “un modelo subordinado al poder político’’, remató su comentario.
Al hacer uso de la tribuna, Juan Zepeda del PRD, reflexionó de lo preocupante que un Fiscal dependa del Presidente de la República, pues estará sujeto a criterios del Ejecutivo para “determinar quién sí es corrupto y quién no es corrupto; qué se tiene que investigar, y qué no se puede investigar’’.
Tiene que pasar por una reforma al artículo 102, en su apartado A, “para sacar de la esfera de decisión del Presidente de la República, sea quien sea y no me quiero referir Andrés Manuel’’.
En ese sentido, coincidió Miguel Ángel Mancera: “no puede haber autonomía cuando la facultad de remoción es directa’’.
El coordinador panista Damián Zepeda preguntó al Pleno: ¿se garantiza que el fiscal Anticorrupción y de Delitos Electorales y de Derechos Humanos tenga plena independencia al Fiscal General y del titular del Poder Ejecutivo?, la respuesta, no.
“No hay Fiscalía General Autónoma e independiente, es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador’’, sentenció.
Propósito de la Iniciativa
La iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.
Mientras la Fiscalía General de la República tendrá como fines:
- La investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia
- Otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito
- Fortalecer el Estado de derecho en México
- Procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad
- Reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad:
- Tener la ciudadanía mexicana
- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación
- Contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho
- Gozar de buena reputación; y
- No haber sido condenado por delito doloso.
El documento señala que la Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición.
