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Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, instrumento legislativo que busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
En lo general con 114 votos a favor y 105 en lo particular se aprobó el Código Nacional que consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera una “vacatio legis” de cuatro años, es decir, se dará ese lapso desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigor.
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La propuesta busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución.
Asimismo, integra un modelo en el que se impulsa el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, con el objetivo de unificar los criterios y bases normativas, a fin de materializar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos.
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Busca integrar las mejores experiencias en el sistema de impartición de justicia de las entidades federativas a nivel nacional y tiene una clara y evidente tendencia hacia la oralidad, la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y la protección de aquellas personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad.
La propuesta atiende a aquellos justiciables pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad; para ello, establece medidas de protección, apoyos y ajustes de procedimiento para cada caso en particular.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares además atiende y plasma a lo largo de su extenso articulado, las bases y principios jurídicos contenidos en la Carta Magna, como norma básica y fundamental del cual deben desprenderse todas las demás normas del orden jurídico positivo.
Al tomar la palabra, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena presentó una reserva la cual fue aceptada, que busca armonizar la definición de “perspectiva de género”, que se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, así como los senadores Damián Zepeda Vidales y Emilio Álvarez Icaza, del PAN y del Grupo Plural, respectivamente, también presentaron reservas al dictamen; sin embargo, no fueron admitidas por la Asamblea.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero asentó que esta reforma responde al cumplimiento de la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2017 en materia de justicia cotidiana, así como a la necesidad de homologar los procedimientos del orden civil y familiar a nivel nacional.
Subrayó que don ella, se busca robustecer, unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en todo el país, además de brindar a todos los justiciables una mayor seguridad y certeza jurídica.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que se trata de una reforma progresista que pondrá a nuestro país a la vanguardia y ayudará a brindar a las y los justiciables una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución.
“El derecho civil y familiar nos impacta en toda nuestra vida; les pido su voto para aprobar este dictamen tan significativo en la vida nacional. Reconozco el esfuerzo de las comisiones, de todos los senadores y los diputados que nos acompañaron, y los exhorto a seguir escuchando las necesidades de las entidades federativas para poder consolidar reformas como esta”.
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En tribuna, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, señaló que millones de personas en el país sufren una falta de acceso a la justicia por las inconsistencias de nuestro marco jurídico, por lo que este nuevo ordenamiento atenderá el reclamo social y buscará reducir la brecha de injusticia que padecen millones de mexicanos.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, destacó que con este dictamen se atiende una demanda social, porque acerca la justicia cotidiana a los ciudadanos, homologa los procedimientos, privilegia la mediación y conciliación, además de que con la justicia digital cierra los cauces a la corrupción.
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