Con 92 votos a favor, el Senado de la República aprobó por unanimidad, el proyecto por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos en las entidades federativas que busca que éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinen su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social.
El proyecto reforma el párrafo último del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, mismo que fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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Dicha reforma constitucional, deroga la disposición para que las entidades federativas homologuen el límite de sus gastos, en materia de comunicación social, al 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Mónica Fernández Balboa, al presentar el dictamen explicó que el origen de esta propuesta es combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, así como permitir una administración recta y prudente del erario, con el fin de informar a la población sobre las campañas de los entes públicos.
En tanto, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, manifestó que es relevante darle autonomía a cada entidad federativa, pues fortalece el Pacto Federal.
Con esta reforma se adecúa la normativa de atender principios de interpretación y mantener el derecho de la ciudadanía a tener información verídica, sostuvo el senador.
Por su parte el senador del PAN José Alfredo Botello Montes, celebró la rectificación de este tema, y refirió que el bloque opositor lo defendió, pues durante la discusión del denominado “Plan B” de la reforma electoral, que buscaba acotar la autoridad de municipios es inconstitucional y atenta contra el Federalismo, por lo que les da la razón.
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Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, mencionó que no se trata de un solo error normativo, sino que todo el cuerpo legislativo en materia electoral que se aprobó es inconstitucional. Además, recordó que su bancada presentó argumentos durante todo el proceso legislativo en contra del proyecto.
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