En 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual en su momento se dijo fue creada para atender una “laguna jurídica” que violenta los derechos de las personas, sin embargo, más de dos años después, la reforma permanece congelada en el Senado de la República.
La iniciativa es de singular importancia, ya que de acuerdo con los registros que han dado a conocer organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hasta diciembre de 2021 había al menos 379 mil personas en México en esta condición.
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Tan sólo en ese año, la misma organización contabilizó a más de 28 mil personas que tuvieron que abandonar sus hogares para resguardar su integridad y la de su familia ante el avance de la delincuencia −principalmente organizada− en las diferentes regiones del país.
De haberse aprobado la Ley en el Senado a los pocos días que la Cámara de Diputados giró la minuta, esas casi 30 mil personas que −oficialmente− se vieron obligadas a dejar su lugar de residencia habrían sido “cobijadas” por la nueva legislación, no obstante, permanecen desamparadas junto a otras 350 mil personas −sin contar las víctimas de 2022.
La llamada Cámara alta que controlan Morena y sus aliados no ha carecido de tiempo para discutir la iniciativa de reforma. Tan sólo en su primer año y medio de trabajos en la LXV legislatura −entre el 1 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022− han resuelto 290 asuntos, entre ellos 12 nuevas leyes.
Lo aprobado en la Cámara de Diputados pretendía atender uno de los reclamos más sentidos por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado para que las autoridades del país creen un padrón de víctimas de desplazamiento forzado que permita conocer quiénes son los principales afectados de este fenómeno y las causas que los orillan a tomar esta decisión.
En septiembre pasado, luego de una visita al país, Cecilia Jiménez, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos de los desplazados forzados internos, cuestionó la falta de cifras oficiales, ya que estas pueden permitir la creación de políticas públicas para la prevención, protección y atención de las víctimas.
“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento forzado interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas (...) contar con cifras oficiales basadas en una metodología armonizada de obtención de datos cuantitativa y cualitativa es fundamental para la elaboración de políticas públicas”, aseguró.
De acuerdo con la iniciativa, sería la Secretaría de Gobernación la encargada de generar este padrón, así como de establecer el Programa Nacional para prevenir, atender y reparar este delito, sin embargo, hasta ahora sólo se tienen datos del perfilamiento de las víctimas y de las entidades afectadas gracias a la CMDPDH y al Observatorio de Desplazamiento Interno de la ACNUR (IDMC, por sus siglas en inglés).
Según estas organizaciones, son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, Durango y Nayarit, las entidades que agrupan la mayor cantidad de víctimas.
Las familias indígenas son el sector de la población que históricamente ha sido desalojado de sus hogares por la presencia de los grupos armados. Tan sólo en 2020, del total de eventos de desplazamiento forzado que se contabilizaron en el país, en 41 por ciento de los casos se trató de personas identificadas como indígenas.
Asimismo, la CMDPDH registró que en el 83.33 por ciento de los eventos había niños involucrados, siendo el grupo etario más afectado en el país, seguidos de las mujeres, con presencia en al menos 58.33 por ciento de los eventos.
No obstante, el Senado no es el único poder que ha dejado de lado la legislación en la materia. Los estados también han sido omisos en tipificar este delito. Apenas el miércoles Chihuahua se convirtió en el cuarto estado, junto a Chiapas, Guerrero y Sinaloa, en agregar a este fenómeno en su código penal.
Y aunque los propios legisladores locales del estado fronterizo reconocieron que agregar el delito al catálogo constitucional no es una solución en sí misma, pues es necesario que eso se traduzca en acciones específicas, es un paso que víctimas como las que agrupa el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes consideran necesario a nivel local y federal para lograr que todas las personas tengan una vida digna en el país.
