México se convirtió en el primer país en ratificar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) luego de que este miércoles el Senado de la República aprobó con 114 votos a favor el acuerdo que reemplaza al TLCAN, signado en 1994.
Con 114 a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, de 121 senadores presentes, la unanimidad prevista para su ratificación se rompió con los votos en contra de los senadores de Morena: Ana Lilia Rivera, Jesusa Rodríguez, Nestora Salgado y Emilio Álvarez Icaza, así como por las abstenciones de los senadores del PAN, Víctor Fuentes y Martha Marquez, y de la morenista Blanca Piña.
La ratificación del nuevo tratado comercial se turnó al Ejecutivo federal para continuar con los trámites correspondientes.
El tratado de libre comercio fue suscrito el pasado 30 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina, y firmado por el expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente de EU, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
El nuevo tratado comercial consta de 32 capítulos, de los que se presume 10 son de nueva creación. Dentro de las reformas que se lograron tras el acuerdo trilateral destacan las alcanzadas en materia de acceso a mercado para productos automotrices; la medida 232, para aranceles al acero y aluminio, así como los avances en materias como agricultura, comercio digital, anticorrupción, telecomunicaciones y derechos de propiedad intelectual.
Dentro de la renegociación del TLCAN, se establecieron reglas de origen más estrictas para que la comercialización de automóviles quede libres de aranceles en la región, en el que se contempla que los vehículos deben de estar producidos en un 75% con contenido de la región y el 40% del costo de éste deberá provenir de plantas que paguen salarios de 16 dólares la hora.
Cabe señalar que este es el único tratado a nivel mundial que fija reglas de origen para vehículos, y contempla que de incumplir se deberá pagar un arancel igual o menor a 2.5%.
En medio de tensiones por decisiones unilaterales, se eliminó, dentro de la denominada sección 232 del tratado, el arancel del 25% al acero y 10 al aluminio. Contempla que en caso de que Estados Unidos imponga una medida al amparo de la Ley de Expansión de Comercio de 1962, no aplicará la medida a México durante 60 días, en tanto se realizan negociaciones con base en la dinámica de la industria y patrones comerciales históricos.
De llegar a concluir que la medida es incompatible con el T-MEC o los acuerdos abarcados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), México puede adoptar acciones con efecto comercial equivalente. Adicionalmente, el acuerdo reafirma el derecho de México a impugnar la medida ante la OMC.
En materia de agricultura, el nuevo tratado mantiene el libre comercio para todos los productos agrícolas originarios, con lo que todas las exportaciones agrícola mexicanas gozarán de un libre comercio a nivel regional.
En este capítulo se agregaron disposiciones que buscan fomentar la transparencia y cooperación en el comercio de productos de biotecnología agrícola.
Dentro de los nuevos paradigmas abordados, destaca el capítulo que toca el comercio digital, pues sustenta que propicia el crecimiento económico y genera diversas oportunidades de desarrollo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Se busca, con marcos jurídicos adecuados, promover la confianza del consumidor y evitar barreras innecesarias al comercio que se realiza a través de medios electrónicos.
Se señala que estas adecuaciones propiciarán nuevas oportunidades de negocio y se incluye dentro de su apartado la protección a los datos personales, no discriminación de productos digitales, neutralidad de la red, cooperación en temas de ciberseguridad, gobierno digital abierto, entre otras medidas.
Con el objeto de combatir la corrupción, se estableció un capítulo en el que se establece que los tres gobiernos legislen de manera integral ordenamientos jurídicos por los cuales se puedan perseguir delitos como el soborno, cohecho internacional, y peculado cometido por las empresas y autoridades de cualquiera de los tres países socios.
Con estas disposiciones se eleva a nivel de tratado las obligaciones que tiene el recién y aún incompleto Sistema Nacional Anticorrupción, en sus obligaciones relacionadas con cohecho, o peculado, integridad de servidores públicos, protección a denunciantes, entre otras.
En materia de telecomunicaciones los tres gobiernos pretenden impulsar la competencia las diversas operadoras y crear condiciones que faciliten el acceso y uso de las redes públicas de telecomunicaciones, y con ello generar certeza jurídica para los agentes económicos.
En materia de derechos de propiedad intelectual, el dictamen avalado sostiene que se garantizan altos estándares de protección a éstos y previene abusos por parte de los titulares de derechos. Además, impide el uso de prácticas anticompetitivas que restrinjan la transferencia de tecnología.
Cabe mencionar que el T-MEC establece un mecanismo de revisión y extensión del Tratado con horizontes definidos de largo plazo.
Cuenta con una vigencia de 16 años, prorrogables por periodos similares. Su primera revisión será conjunta al sexto año de haber entrado en vigor y, de estar las tres partes conformes continúa con la vigencia del mismo.
Este procedimiento se realizará cada seis años y al final de cada revisión, los tres países que lo suscriben confirmarán su decisión para extender el Tratado por otros 16 años, de no confirmar se llevará una revisión conjunta.
Se destaca que tras 25 años de vigencia, el TLCAN permitió a México aumentar 6.8 veces su comercio con el mundo y 5.4 veces su comercio con América del Norte, así como posicionarse como un destacado destino para la atracción de inversión extranjera directa, recibiendo 539 mil 868 millones de dólares en el periodo 1999–2018.
