El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, lamentó que nuevamente Morena y aliados obstaculicen la comparecencia de funcionarios federales, en este caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que respondieran por la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez.
La senadora Claudia Anaya Mota aseguró que al sólo llamar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, el Senado no está haciendo lo mejor que puede para la comunidad migrante.
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Y recriminó: “¿Qué le quita a un funcionario federal el venir y argumentar por qué de sus deficiencias, por qué de sus carencias, ¿cuáles son sus limitaciones, cómo podemos legislar mejor para que hagan un mejor trabajo? No les quita nada”.
Por su parte, la senadora Beatriz Paredes Rangel, afirmó en la tribuna camaral que lo ocurrido en Ciudad Juárez “es un asunto de suma gravedad, de alcance penal”.
“Lo que se cometió (en la estación migratoria de Ciudad Juárez) es un homicidio doloso por omisión, porque hay omisión que sancionan las leyes penales cuando se determine que quien cae en la omisión tenía el deber de actuar, como es el caso de los custodios en Ciudad Juárez”, aseguró la senadora.
Paredes Rangel dijo que es absolutamente ilegal el concepto de privación de la libertad de los migrantes. “No se pude confundir una sanción administrativa con una retención de la privación de la libertad, eso es una violación a los derechos humanos y un delito”.
Además hizo, dos propuestas: la primera para construir un protocolo que impida la detención ilegal de niños migrantes, y la segunda para realizar una cumbre hemisférica sobre migración.
“Es esencial que el estado mexicano recupere su tradición de política migratoria. No más violación a los derechos humanos, no más realizar el trabajo sucio de las autoridades norteamericanas (...) México es un país que hizo gala del ejercicio del derecho de asilo, es un país que defendió la capacidad del derecho del refugio y la función de la COMAR.”, refirió.
Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu recordó su etapa como canciller y dijo que en esos años se pidió a Estados Unidos un trato de respeto a los derechos humanos de los connacionales.
Aseguró que el gobierno de México obedeció, en su política migratoria, los intereses de Estados Unidos, y aceptar ser un tercer país seguro.
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Mientras tanto, la senadora Claudia Anaya Mota, expuso que los agentes que tenían detenidos a los migrantes “ni siquiera son agentes del estado mexicano, son agentes subrogados, elementos de una empresa privada que probablemente nisiquiera estaban capacitados en protocolos”.
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