Antes de dictaminar la eliminación de los 109 fideicomisos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pide parlamento abierto, donde participen todos los sectores y las voces.
“Se recomienda que antes de aprobar la minuta se cuente con el diagnóstico a que se refiere el artículo octavo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues se podría generar un daño irreparable en la vida e integridad de los beneficiarios’’, señala el documento de opinión.
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En específico advierte que la desaparición de los fideicomisos de protección a periodistas y a víctimas, provocará que el Estado incumpla con su obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Lo anterior incluye el acceso a la justicia, verdad, y reparación a la que tienen derecho todas las víctimas del país.
Y aunque el plazo se encuentra agotado, no se cuenta con el informe que permita dilucidar que fideicomisos cumple con su función y cuáles no. “Por lo que se recomienda que en tanto no exista el diagnóstico señalado, no se extingan los fideicomisos a estudio’’.
La instancia legislativa destaca que en la minuta no se establecen las medidas para que la información de los fideicomisos que desaparecen, sea preservada como histórica en los portales de transparencia de los sujetos obligados responsables de coordinar su operación.
“No existe un mandamiento legal que permita asegurar que los recursos con que actualmente cuentan los fideicomisos, vayan a ser devueltos para cumplir con los objetivos planteados en las Leyes de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de Víctimas; tampoco se establece que se vayan a cubrir las obligaciones contraídas con cargo a dichos instrumentos financieros, por lo que podría generarse incumplimiento en los compromisos adquiridos’’.
Asimismo, se advierte que los fideicomisos a estudio cuentan con peculiaridades que permiten concluir, que dichos instrumentos financieros son los adecuados para continuar prestando los servicios de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para cumplir con la obligación de brindar ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas en México.
Por tanto, dice la Comisión de Derechos Humanos, “se recomienda a las comisiones dictaminadoras garantizar y fortalecer los beneficios que los fideicomisos ofrecen y en caso de que lo consideren necesario fortalezcan las medidas de supervisión y control, no así ordenar su extinción’’.
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