La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que sigue en pie la inhabilitación y multa contra la empresa Laboratorios Pisa S.A. de C.V., luego de que se publicara una circular en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto a la “suspensión definitiva” de la inhabilitación impuesta meses atrás contra la farmacéutica.
Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría informó que lo establecido en el DOF “no significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, no se ha declarado nula la inhabilitación y la multa a la empresa”.
De acuerdo con la dependencia, la “suspensión definitiva” deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), misma que fue concedida el 13 de noviembre de 2020.
Por lo que aclaró que a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos “continuará defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica por haber proporcionado información falsa en un procedimiento de adjudicación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2017”.
El 21 de octubre del año pasado, la SFP notificó la imposición de una multa por un millón 170 mil 95 pesos y la inhabilitación por 30 meses contra la farmacéutica, que había sido señalada en varias ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador por prácticas monopólicas y generar el desabasto en el caso de medicinas contra el cáncer.
A raíz de esto, Zoé Robledo, director del (IMSS) informó que la investigación se inició en 2017 a raíz de un proceso de licitación para contratar servicios de anestesia en el que una de las empresas concursantes impugnó el fallo, por lo que se inició una denuncia ante el Órgano Interno de Control.
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Así, dicha empresa y su filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) fueron sancionadas, luego de que la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que la empresa infringió el artículo 60 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al “actuar con dolo y proporcionar información falsa”, decisión que fue dejada sin efecto por el TFJA.
A pesar de lo anterior, esta casa editorial dio a conocer a inicios de año que la farmacéutica se convirtió en una de las principales proveedoras de insumos para la vacunación universal contra el Covid-19, al lograr tres de los seis contratos iniciales para el arranque de la inmunización firmados con la Secretaría de Salud por un monto de 16.7 millones de pesos.
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