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PUEBLA. Funcionarios clave del exgobernador Mario Marín Torres sobrevivieron a la caída en desgracia de éste al adherirse a la cuatroté, donde ahora ostentan puestos tanto en la administración pública federal, como en la local.
Tal es el caso del senador por Morena, Alejandro Armenta Mier, quien fue director del DIF Estatal y titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio de Marín Torres (2005-2011), ahora preso en un penal de Quintana Roo por presuntamente haber ordenado la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho.
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Armenta Mier había anunciado a principios de año que competiría por la alcaldía de Puebla, pero luego de que se dio a conocer la captura de Mario Marín desistió; negó que su decisión fuera por la detención del exmandatario.
Darío Carmona García, quien estuvo al frente de la Secretaría de Educación del estado con el Góber Precioso, fue designado en 2018 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como responsable para la descentralización de la SEP federal a Puebla, aunque luego fue removido a petición del gobernador Miguel Barbosa. Después, solicitó permiso por un año sin goce de sueldo en su plaza docente que podría renovar indefinidamente.
En el caso de la administración pública local, Ricardo Velázquez Cruz, quien fuera consejero jurídico de Marín y encabezó su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy ocupa la misma posición en el gobierno de Miguel Barbosa.
Lo mismo que Víctor Manuel Sánchez Ruíz, exsecretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), y que actualmente es auditor especial de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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Javier López Zavala, quien fuera secretario de Gobernación, así como de Desarrollo Social y el favorito de Mario Marín para sucederlo en la gubernatura, fue visto en eventos de campaña de Barbosa Huerta, pero el ahora gobernador poblano se deslindó de él.
Mario Marín inició su carrera política cuando Guillermo Pacheco Pulido fue alcalde de Puebla, ya que en ese entonces era su secretario particular. Cuando ocurrió el escándalo Cacho-Marín, Pacheco era presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En su momento, Lydia Cacho acusó a Pacheco de ser cómplice de la detención arbitraria y tortura que sufrió, al liberar a la entonces Procuraduría General del Estado (PGE) una orden de aprehensión en su contra.
El 21 de enero del 2019 fue electo por el Congreso local de Puebla como gobernador interino, en sustitución de Martha Érika Alonso, quien falleció el pasado 24 de diciembre de 2018 en un accidente.
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Los priistas
Entre los excolaboradores de Marín que se han mantenido en el PRI están Valentín Meneses Rojas, quien fuera coordinador de Comunicación Social, director general del DIF, secretario de Comunicaciones y Transportes para finalmente culminar en la Secretaría de Gobernación. En septiembre de 2020 anunció su interés por la presidencia municipal de Puebla y apareció en la lista de diputados plurinominales, pero el 6 de febrero de este año fue aprehendido por supuestamente firmar preliberaciones de reos a cambio de dinero.
Junto a Meneses en la dirección de Comunicación Social estuvo Javier Luna López, quien tiempo después fue el enlace de comunicación para Puebla de la Presidencia de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto, y para la campaña de Miguel Barbosa (2019) se desempeñó como titular de la Coordinación de Opinión Pública.
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También está Jorge Estefan Chidiac, quien sigue activo en el tricolor poblano, pues el pasado 29 de enero se registró como aspirante a candidato por una diputación federal. En la administración de Marín fue secretario de Desarrollo Social y para el 2019 se convirtió en Secretario de Finanzas y Administración en el gobierno interino encabezado por el priista Guillermo Pacheco Pulido.
Cuando arrancó la administración de Marín, Alberto Jiménez Merino fue nombrado secretario de Desarrollo Rural. Al terminar su mandato siguió en la política. En marzo de 2019 fue el candidato del PRI a la gubernatura por la que compitió contra el hoy gobernador Miguel Barbosa.
Algunos enfrentaron la ley durante la administración de Rafael Moreno Valle (2011-2017), tal fue el caso de Alfredo Arango, exsecretario de Salud y Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente.
El primero fue apresado en enero de 2012, luego de ser sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, pero pudo salir del Cereso de San Miguel gracias a que pagó una multa de millón y medio de pesos.
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Mientras que Castillo Montemayor fue detenido por supuestamente usar el parque Flor del Bosque como un salón de fiestas privadas y permitir la cacería. En 2017 logró conseguir un auto de formal libertad y a inicios del año pasado salió a dar declaraciones a favor del gobierno de Miguel Barbosa, pues dijo que era un acierto la anulación del decreto que marca al Cerro Colorado como Área Natural Protegida.
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