La senadora panista Gina Andrea Cruz Blackledge urgió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) abstenerse de realizar cobros por derechos retroactivos a las empresas maquiladoras, para obligarlas a renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior, por medio de interpretaciones discrecionales a la legislación vigente y de las normas fiscales, con la finalidad de recaudar de manera arbitraria.
La legisladora también exhortó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a que emita a la brevedad una recomendación y opinión colegiada sobre esos cobros ilegales.
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Recordó que el 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior, donde quedaron especificados los requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.
Con esa modificación, precisó, se creó el Esquema Integral de Certificación de Empresas para prever las facilidades, tanto fiscales como de operación aduanera, que promueven la competitividad de las empresas, lo cual permite realizar la solicitud para la aplicación de un crédito fiscal equivalente al 100 por ciento de la cantidad que deba pagarse por concepto del IVA y el IEPS.
Explicó que esa condonación de impuestos se puede aplicar por introducción a territorio nacional de mercancías bajo los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; para la elaborar, transformar o reparar en recinto fiscalizado; y para el llamado recinto fiscalizado estratégico.
Contrario a esa disposición, señaló, actualmente el SAT está pidiendo el pago retroactivo de derechos a las empresas maquiladoras para renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior, que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores.
Señaló que, además, la autoridad fiscal ha reiterado y amenazado que de no pagar, las empresas perderán su registro y beneficios de certificación que lograron, para no ser afectadas con la reforma fiscal de 2014.
Esto es, aseguró la senadora panista, a todas luces una medida ilegal que va en contra de ese sector empresarial, sobre todo en la actual situación económica que vive el país, donde se necesita incentivar a la industria nacional para privilegiar la creación de empleos y la certidumbre en el sector productivo.