La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó apoyos económicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a beneficiarios que habían fallecido, servidores de la Nación, empleados de gobierno, de la iniciativa privada y estudiantes, cuando su población objetivo son jóvenes que no estudian ni trabajan.
En la tercera entrega de su informe a la Cuenta Pública 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en dos auditorías diferentes diversas irregularidades en las que incurrió la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.
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Al revisar los apoyos a los beneficiarios del programa, el órgano fiscalizador determinó “un probable daño, o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública” de 57 millones 92 mil 400 pesos en un informe y de 9 millones 662 mil 800 pesos en el otro.
Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas estrella de la actual administración. De acuerdo con sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios durante un año en centros de trabajo públicos o privados con la posibilidad de brindarles capacitación laboral. A cambio estos reciben una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Cuando inició el programa, en enero de 2019, la beca era de tres mil 600 pesos mensuales pero se ha ido incrementando y actualmente es de cuatro mil 310 pesos.
En la auditoría de cumplimiento forense 2019-0-14100-23-0374-2020, la ASF encontró que la STPS realizó pagos a 68 beneficiarios posteriores a la fecha de su defunción por 482 mil 400 pesos. También destinó dos millones 721 mil 600 pesos en becas a 341 beneficiarios que se capacitaron en las empresas INAEP S.A.S. de C.V. y Construcciones y Servicios Lukman S.A. de C.V., pero los domicilios de éstas estaban abandonados o eran casas habitación.
La STPS también tenía entre sus registros el pago de dos millones 674 mil 800 pesos a 377 beneficiarios capacitados en las empresas Barista Factory S.A.S. de C.V. y Technogourmet S.A.S. de C.V. Sin embargo, los representantes legales de ambas compañías declararon no haberse inscrito nunca en el programa para fungir como centros de trabajo en 2019.
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Por otra parte, en la auditoría de cumplimiento 2019-0-14100-19-0375-2020, enfocada en los beneficiarios de Chiapas y Ciudad de México, el órgano fiscalizador identificó a 47 servidores de la Nación que recibieron recursos por 507 mil 600 pesos por parte del programa. Reveló también que 640 becarios tenían una fuente de trabajo en el Gobierno al momento de recibir el apoyo y 33 mil 909 contaban con dos o más registros patronales en el IMSS.
La dependencia federal también apoyó a estudiantes pese a que el programa está dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan. De acuerdo con las auditorías, la STPS transfirió 48 millones 628 mil 800 pesos a 3 mil 188 beneficiarios que también recibieron apoyo de becas escolares de la Secretaría de Educación Pública.
Pagó además ocho millones 514 mil 400 pesos a 760 becarios de Chiapas y Ciudad de México que recibían simultáneamente las Becas para el Bienestar Benito Juárez que tienen el objetivo de favorecer su permanencia y terminación escolar en instituciones de educación superior. Y otros 234 beneficiarios, a los que les pagó 1.2 millones de pesos, recibieron simultáneamente becas del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, dirigido a estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior y maestría para favorecer su continuidad, conclusión y titulación.
Otro de los hallazgos de la ASF es que las bases de datos de los centros de trabajo de Chiapas y Ciudad de México inscritos en el programa no contenían información de los nombres de los becarios a su cargo. Además, 4 mil 629 centros de Chiapas y mil 339 de la capital no habían proporcionado su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
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Se identificaron diversas entidades públicas con miles de becarios asignados.
En Chiapas fue el caso de la Secretaría del Bienestar (7 mil 798), la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo (3 mil 536) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2 mil 755).
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